ACOSTUMBRÁNDONOS A LA INDEPENDENCIA DE LOS PODERES EL ESTADO

Justo o injusto, según cómo se lo miré, el fallo del "dos por uno" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es producto de nuestro sistema republicano de gobierno que la administración del Presidente Macri debe respetar y defender a rajatablas
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Por Ricardo G. A. Zimerman, exclusivo para R24N

Todos los que de algún modo estamos inmersos en las Ciencias del Derecho, y aún aquellos que no tienen conocimiento formal de ellas, saben que los usos y costumbre son una de las fuentes de las que se nutre todo el sistema jurídico para la elaboración de los preceptos, principios, garantía y leyes que rigen nuestra vida en sociedad.

Siendo así, existen principios generales que no estando escritos en ninguna codificación, ordenanza ni reglamento tienen tanta vigencia como aquellos que sí lo están. De este modo, respetar la fila cuando se va a pagar a una caja recaudadora no se encuentra en ningún tipo de ley, pero es una costumbre que nadie se negaría a discutir.

Con las malas costumbres pasa exactamente lo mismo, al menos en el ideario popular, ya que por ser, justamente, malas, no pasan a formar parte de nuestro sistema jurídico, sino que, por el contrario, van a contra mano de él.

Y las malas costumbres, generalmente son producto de la repetición de actos u acciones, durante un determinado lapso de tiempo prolongado, que hacen creer que lo que se hace o dice es la normalidad, cuando en realidad es, en determinados casos, una flagrante distorsión legal.

Durante más tiempo del que quisiéramos, la Argentina se movió al margen de la constitucionalidad y de las instituciones creadas por nuestra Carta Magna. Fueron demasiados los períodos en los que la democracia y el sistema republicano de gobierno estuvieron ausentes de nuestra vida política, ya sea de manera formal, a través de los numerosos gobiernos de facto que “supimos conseguir”, o de manera material, en gobiernos elegidos de manera democrática pero que declamaron un republicanismo que sólo existía de derecho, ya que de hecho, la injerencia del Poder Ejecutivo sobre los Poderes Legislativo y Judicial era tan grande que a nadie le podía llegar a ser llamativo ni extraño que todas las decisiones, ya sea en la elaboración y sanción de las leyes, como en la aplicación de las mismas, proviniesen del omnímodo poder de quien representaba la cabeza visible del gobierno de turno, es decir del Presidente de la Nación.

Para ejemplificar este último ítem, bien se podría acudir a la tan tristemente recordada “mayoría automática” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la época del menemato, a la “virtual” escribanía de gobierno que representó el Congreso Nacional durante los doce años del kirchnerismo, o a los intentos de ese mismo régimen, algunos exitosos y otros que sin obtener el resultado deseado, intentaron manejar a su antojo y voluntad al Poder Judicial, no dejando lugar a dudas de que el sistema republicano de gobierno representaba un escollo que estaban dispuestos a combatir, de todas las maneras posibles, para lograr sus espurios fines.

Y acá únicamente estoy recordando un pasado muy cercano en nuestra corta historia como nación independiente, pero que no por corta han sido escasos los ejemplos en que la división de poderes, que es quizá, la base fundamental e indiscutible del más puro repubicanismo, se vio atrozmente vulnerada, llegando a instalarse, como dije más arriba, en el imaginario popular que esa mala costumbre se convierta en una regla más fuerte que los principios consagrados en la mismísima Constitución Nacional.

Entonces, todas las voces que, con el inocultable tinte de la manipulación y escarnio, así como aquellas que lo hacen de manera ingenua y faltándole todos los elementos de juicio necesario, justamente por ser desconocedores del Derecho, se levantaron para injuriar e incriminar a la actual Administración del Ejecutivo Nacional, en el fallo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dado sobre la aplicación del “dos por uno” a todos los delitos de lesa humanidad, atribuyéndole una responsabilidad que en realidad no tienen, deberían, siquiera, asesorarse y conocer las bases de la división de poderes, que, entre sus puntos más salientes implica que cada poder, en un sistema republicano de gobierno, es absolutamente independiente y autónomo. Es decir, los poderes del Estado se manejan con absoluta indiferencia y, hasta no les está vedado hacerlo, bajo ningún concepto, en contrario a los demás poderes.

Ahora, si el ciudadano común piensa que, por que uno de los poderes del Estado haya tomado una decisión que va a contramano de una política de Estado, debe ser “infiltrado” y manejado a gusto y antojo del Presidente de la Nación, a través de astutos “operadores” o por medio de presiones que, cualquiera sea el método con que sean utilizadas, vulneran las más básicas reglas y principios del sistema que hemos adoptado para regir los destinos de nuestra Nación, entonces, si ese es el caso, irremediablemente seguiremos cayendo, una y otra vez, en todos los males que nos han hecho retroceder en el concierto de las naciones.

El Poder Judicial en general y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en particular, deben gozar de absoluta independencia para poder concretar el destino final para el que ha sido consagrado como uno de los tres poderes del Estado moderno.

Si alguna resolución, acordada o aplicación errónea de la ley emana de sus decisiones, existen para eso remedios legales,que también están consagrados en nuestro sistema jurídico, para hacer frente a tales situaciones.

Y esos remedios legales nada tienen que ver con la intromisión de cualquier de los otros dos poderes en los fallos del Poder Judicial, sino, muy por el contrario, debería ser la misma ley, por su propio peso y por el respeto y aplicabilidad que tenga, la que obre de antídoto en una situación determinada.

Pero, como decía al comienzo, las malas costumbres o prácticas se insertan en el ideario popular como reglas naturales, cuando en realidad jamás debería ser así.

Por otro lado, cualquier gobierno que se ajuste, de manera estricta a la ley, en un país que sufre de males endémicos tan letales como el de la famosa “anomia boba”, la corrupción en todos los niveles de la vida social y política, y el supino y descarado desconocimiento de la ley, lleva a muchos “opinólogos de café” y a tantísimos “experimentados” manipuladores de la opinión pública a tergiversar los hechos a como más les convenga.

En este punto, el actual Gobierno Nacional debe mantener y hacer gala de una férrea firmeza, que pueda obrar de eficaz “precursor”, para comenzar a desinstalar esas malas costumbres, haciéndolas desaparecer por completo de la escena cotidiana.

Esta última tarea no es fácil ni de una operatividad inmediata, sino que requiere de mucho tiempo para que la sociedad argentina vuelva a ver un funcionamiento ejemplar en cada uno de los poderes del Estado. Y lo que es más importante aún, esta tarea requiere de un cambio cultural en nuestra sociedad; cambio que solo el tiempo y la adecuada educación e información ciudadana pueden lograr.

Pero, solamente un gobierno convencido de la imperiosa necesidad de ese cambio es el que puede llegar a producirlo. Y, por lo que estamos viendo, la administración de “Cambiemos” basa toda su plataforma política en ese gran cambio cultural que deposite a nuestro país en el mismo lugar que las naciones más avanzadas del planeta.

Por ende, es esta Administración la que debe dar inicio a este proceso. Porque, como popularmente se dice, ¿si no es ahora, cuándo?

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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