ALQUILER DE VIENTRES

Cuando la materinada se convierte en un "bien mercantizable"

Los cuerpos de las mujeres han sido, históricamente, objeto del ejercicio del poder patriarcal. Todas las culturas, en mayor o menor medida, promueven las condiciones materiales y simbólicas necesarias para reforzar su sumisión y dependencia social, y, con ello, garantizar que estén “a mano para el uso sexual o reproductivo”. Cada sociedad, en función de sus necesidades o intereses, no ahorra esfuerzos en inocular o reprimir el deseo reproductor y en perseguir la libertad reproductiva de las mujeres si se aparta del proyecto social o, en su caso, del divino.

Y de ello, no faltan ejemplos a lo largo de la historia. La crisis demográfica en Europa de los siglos XVI y XVII, provocada por la gripe y el hambre, puso en marcha una caza de brujas cuya finalidad era “destruir el control que las mujeres habían ejercido sobre su función reproductora”. Por el contrario, en caso de excesivo crecimiento poblacional, se opta por esterilizar solo a las mujeres (como ocurrió a mediados del XX en la India) o se decreta la política del “hijo único” en China, estableciendo fuertes sanciones para las madres vocacionales. Si determinadas doctrinas religiosas reprueban la maternidad fuera del matrimonio heterosexual, se sanciona a las mujeres solteras o lesbianas que decidan tener descendencia. Ejemplos no faltan que avalen que la reproducción no fue nunca un asunto que se dejara a merced del criterio de la libre elección de las mujeres.

No obstante, pese a puntuales coyunturas como las enunciadas, la principal función social de las mujeres fue la maternidad y la procreación. Como afirmó Lutero, el gran reformador, “aunque se agoten y se mueran de tanto parir, no importa, que se mueran de parir, para eso existen”. Obviamente, la socialización, la educación, las normas sociales y la legislación irían encaminadas a reforzar tal mandato: ser madre y cuidar de la prole (y por extensión o especialización, de la familia al completo) sería durante siglos el fin último de cualquier mujer. Los matrimonios sin descendencia se consideraron proyectos incompletos y, en caso de infertilidad, ésta sería considerada responsabilidad exclusiva de las mujeres; hecho que explica que sobre las mujeres “yermas” se proyectara culpa, fracaso o incluso reprobación familiar y social.

Pero el papel central que se otorgó a la maternidad en la construcción identitaria y biográfica de las mujeres no supuso que, como contrapartida, ellas fueran consideradas el agente central de la reproducción humana. Las mujeres se conceptualizaron como meras vasijas o que recogen la semilla de un varón que “engendra” (según Aristóteles) o del Espíritu Santo representado en una paloma (según la mitología cristiana). En definitiva, seres procreativa y políticamente irrelevantes, hornos donde incubar lo que otros crean. La descendencia pertenecería a los varones no solo en sentido figurado, sino en el derecho civil: la patria potestad, la autoridad sobre la prole correspondería solo al progenitor. No obstante, ello no impidió que la maternidad (en el marco de la unión matrimonial) fuera casi la única vía de reconocimiento a la que podía aspirar una mujer.

En la actualidad, pese a la relativa emancipación femenina y los nuevos modelos familiares, todavía convivimos con cierta esencialización de las mujeres como madres, con el reconocimiento del status del pater familias y con la consideración de la descendencia como fin natural de toda pareja que dota de transcendencia al proyecto afectivo. Una oportunidad que no han desaprovechado los lucrativos mercados gestacionales que opacan e invisibilizan el sincretismo que supone considerar, por una parte, la maternidad como esencia de la identidad femenina y la descendencia como símbolo del compromiso afectivo y, por otra, las mujeres como “máquinas reproductivas”, las hijas e hijos como mercancía y la gestación un trabajo como otro cualquiera.

No obstante, según las tesis patriarcales, la reproducción no es el único destino reservado a las mujeres, su cuerpo puede tener también un uso sexual. Carole Pateman identifica dos instituciones que históricamente han garantizado el Contrato Sexual y la sujeción femenina: el matrimonio y la prostitución, la mujer privada y la pública. Las primeras aseguran la descendencia del varón en el marco de la unión matrimonial y, por tanto, no pueden ser de acceso público, mientras las prostituidas son bienes de uso público que, al no ser de ninguno, pertenecen a todos.

Frente al plano simbólico de la esposa o la mujer privada-buena, consagrada a un solo hombre “mediante el interdicto de su capacidad erótica”, la “puta” se construye como alter ego: como mujer sexualizada y erotizada, como mujer pública-mala. La gestación comercial rompe con esta dicotomía o binarismo y la gestante para otros se construye simbólicamente como un nuevo modelo: la mujer pública-buena.

La ideología patriarcal, tan perseverante con la construcción de la esencia femenina en torno a la indisoluble tríada de “amor-sexualidad-reproducción”, no parece encontrar objeción alguna en que las mujeres que más lo necesiten rompan con la misma y pongan a disposición del mercado sus dos últimos elementos: sexualidad y reproducción.

Esta fragmentación y sofisticación de la mercantilización del cuerpo de las mujeres posibilita que en el mercado prostitucional se pueda comprar sexo sin descendencia y, en el de los vientres de alquiler, descendencia sin sexo. Una explotación a la carta del cuerpo de las mujeres según se precise sexo, óvulos o úteros. Y así como el “neoliberalismo sexual” niega que el cuerpo tenga valor en la constitución de la subjetividad, el neoliberalismo reproductivo suscribe tal tesis para constituir la nueva modalidad de mujer-pública buena: las “dadoras de vidas”; sin que por lo visto ello tenga impacto en su cuerpo, su salud, sus emociones y su identidad o subjetividad.

La rapidez en la satisfacción del deseo, mayor que en las adopciones, la capacidad para elegir el sexo, el genotipo o la raza de la criatura, la ausencia de pruebas de idoneidad a padres/madres intencionales, la atención individualizada que ofrecen las empresas, los exhaustivos controles médicos de la gestante y del gameto, la financiación personalizada, la posibilidad de tener una criatura “a estrenar” desde el primer día de su nacimiento sin experiencias biográficas previas y un abaratamiento de los costes que lo equilibra con las adopciones, están provocado que -de forma acrítica- se recurra a los vientres de alquiler desplazando o desechando la posibilidad de adoptar.

En este sentido conviene advertir que la sacralización de la genética es un elemento central de la ideología patriarcal y en la demanda que pretende regularizar los vientres de alquiler. No en vano, los mandatos o ilícitos sexuales reservados exclusivamente a las mujeres tenían y tienen como objetivo garantizar la transmisión de la carga genética de un varón concreto (normalmente en el marco de una unión matrimonial) a efectos de perpetuar la casta, el linaje o la estirpe de sucesivas generaciones marcadas o nombradas con el apellido paterno. Existe cierta percepción de que el ser humano transciende gracias a la transmisión genética y ello es un elemento que, sin duda, juega a favor de los vientres de alquiler y resta atractivo a las adopciones de criaturas ya nacidas.

A su vez, las novedades tecnológicas (comúnmente denominadas avances) se suelen admitir de forma acrítica como resultado de la evolución de la humanidad, sin tener en consideración sus consecuencias éticas. Un aspecto predicable tanto respecto a la depredación de la Naturaleza como, para el caso que nos ocupa, a la investigación biológica y la ingeniería genética.

Como resultado de todos estos factores, se está produciendo un incremento exponencial del turismo reproductivo. Sólo en la India, la industria gestacional genera una plusvalía anual cercana a los 140 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 20%. Los beneficios se distribuyen entre comercializadoras, servicios jurídicos y sanitarios, empresas satélites que rodean el negocio, Estados y gestantes. Conviene advertir que, éstas últimas, sólo perciben el 0,9% de los ingresos generados por el negocio de los vientres de alquiler, por lo que cabría calificarse de proxenetismo reproductivo.

Sin embargo, a diferencia del proxenetismo prostitucional, el reproductivo no mercantiliza solo el cuerpo femenino, el producto final y por lo que se paga es por un ser humano. Así, las mujeres prostituidas perciben una remuneración variable por el libre acceso a su cuerpo, durante un tiempo determinado y en función de un abanico de prácticas sexuales. Por el contrario, en la gestación comercial lo que se mercantiliza y el objeto del contrato es una criatura según encargo personalizado.

De hecho, los “controles de calidad” y el servicio prestado se orienta, exclusivamente, a garantizar que la salud, la carga epigenética, el plazo de entrega o el sexo de las criaturas se ajuste a la solicitud; con posibilidad de interrupción del embarazo solo cuando la clientela cambia de opinión (opción que se niega a las gestantes) y de devolución en caso de desviación respecto a lo contratado. La atención sanitaria es en tanto “fábrica reproductiva” sin que se valoren los efectos futuros del tratamiento médico, la hormonación o la medicalización.

Por ello, a lo que nos enfrentamos no es solo a una nueva forma de mercantilizar el cuerpo de las mujeres sino, a su vez, a un nuevo modo de producción que pone a disposición del libre mercado seres humanos gracias a la “fuerza productiva” de miles de úteros: el modo de producción reproductivo. Un procedimiento que, en la medida en que se intercambian personas por dinero, no parece muy lejano al denostado modo de producción esclavista.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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