FERIAS EXTRALEGALES Y MANTEROS

Delincuencia, oportunismo y explotación

Las ferias extralegales que ocupan espacios públicos, tanto en grandes como en pequeñas ciudades de nuestro país, constituyen un espacio espeso, de múltiples relaciones, capas, intereses, transacciones. Un espacio abigarrado que simultáneamente reúne negocios, tradiciones, celebraciones y disputas, momentos de encuentro, consumo y diversión; a la vez que también es un espacio de trabajo intenso, de competencia, oportunismo y explotación. Se sostiene y se desarrolla como negocio masivo teniendo como soporte redes empresariales, familiares, vecinales, de compadrazgo y de amistad, así como también a una red de agentes y/o agencias “para-estatales”. Sin embargo, estos rasgos describen pero no explican el fenómeno, ni mucho menos su crecimiento, reproducción y consolidación.

Una primera condición de existencia de estos centros de venta es la existencia de un segmento poblacional que en búsqueda de bienes de consumo masivo a “precios económicos” concurre a estos mercados de manera voluntaria (no ingenua ni desinformada). Se trata de sectores de bajos o medianos recursos que no buscan productos originales de “marca” o líneas “premium”, sino acceder a ciertos bienes de consumo masivo a un precio acorde con su capacidad económica y sus expectativas de movilidad social. Sin estos mercados, dados los precios que ofrece el comercio formal, gran parte de las compras realizadas no podrían concretarse. En cuanto al contexto macroeconómico que ha acompañado al aumento de esta demanda, cabe destacar que tanto la dinámica sostenida de crecimiento económico con derrame hacia el sector informal, como el prolongado estancamiento, bajo un contexto inflacionario pero con flujos importantes de transferencia de ingresos a sectores populares por diferentes vías, constituyen factores que lejos de inhibir, potencian la existencia de estos mercados.

El funcionamiento de estos puntos de venta no carece de estructura, organización, normas, derechos y obligaciones para quienes participan de los mismos. En buena medida esta estructura y sus reglas son sostenidas, reguladas y supervisadas por una clase de empresarios/jefes-patrones con poder interno a cada mercado que operan en todo el sistema de producción, distribución y comercialización que abastece a los mismos. A esta estructura se someten tanto los trabajadores en relación de dependencia como los vendedores autónomos. Ahora bien, cabe señalar que dichos “empresarios” no expresan el perfil tradicional de un empleador formal. Las relaciones comerciales-laborales que se establecen a lo largo de todo el sistema toman la forma de relaciones sociales serviles y/o de explotación familiar. En cualquier parte de la cadena, el jefe/patrón empresario tiene a su cargo una responsabilidad integral de los trabajadores o vendedores a su cargo: traslado, vivienda, comida, salud, empleo, etc. La figura del trabajador asalariado libre es puesta en cuestión por la misma lógica de las relaciones de dependencia basadas en un compromiso de reciprocidad, familiaridad, subordinación y fidelidad, definidas muchas veces como “trabajo esclavo”. Asimismo, cabe observar que estos sistemas de producción, distribución y ventas extralegales constituyen una verdadera “economía popular” que se entreteje – directa o indirectamente– con la economía habitacional, espacial y migratoria que tiene sede en las villas de emergencia urbanas y suburbanas, haciendo que dicha economía sea aún más robusta como invisible.

En esa amplia zona de extralegalidad a la que dan lugar estos mercados confluyen la venta ilegal de mercadería, la ocupación no autorizada de espacios públicos, la venta/alquiler irregular de depósitos, locales y puestos, la evasión fiscal, el contrabando, la producción o importación de productos falsificados, la comercialización de productos robados, la explotación servil de mano de obra, entre otras irregularidades. Frente a lo cual cabe preguntarse: ¿Dónde está el Estado? La paradoja es que sobran evidencias acerca de la participación directa o indirecta del Estado –tanto por acción como por omisión- en el desarrollo de estas actividades. Estas “políticas en las sombras” son una piedra angular en la existencia, funcionamiento y consolidación de estos mercados. La “economía popular” que conforman estos sistemas preserva el empleo, el consumo y el bienestar, al mismo tiempo que promueve la corrupción impositiva, judicial-laboral, aduanera y policial. Estos mecanismos constituyen un método de “retorno y/o compensación” económica de los agentes públicos. Asimismo, la protección de las redes que lideran estos colectivos étnico-culturales permite acceder al financiamiento de campañas y/o a votos. Por último, estas “políticas en las sombras” fortalecen estos sistemas al promover arreglos político-institucionales informales bajo el argumento de que tales intercambios ilegales (economía popular) no están mal vistos por la sociedad y que, al mismo tiempo, son una fuente importante de ingreso, ahorro y consumo para los sectores más pobres de la población.

En este marco de determinantes cabe observar que el sector más afectado por la “economía política” que atraviesa a estas “economías populares” son los trabajadores bajo relación servil “cuasi-asalariada”, los cuales son - paradójicamente- los principales defensores/sostenedores de este sistema. En su mayoría, se trata de trabajadores informales pobres que tienen empleos de mala calidad, salarios bajos, largas jornadas de trabajo, imposibilidad de acceder al sistema judicial y al sistema de protección social, incluyendo la protección para la seguridad y salud en el trabajo. Estas condiciones ubican en una situación de particular vulnerabilidad económica y laboral tanto a los propios trabajadores como a sus familias. Sin embargo, cabe destacar que se trata de una fuerza de trabajo que no se rebela contra esta explotación sino que la asume como parte de un orden socialfamiliar comunitario que le brinda protección, pertenencia e identidad.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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