JUSTICIA RESTAURATIVA Y CORTES PARA ADOLESCENTES

Propuestas para la solución de la delincuencia juvenil en Argentina
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En el sistema tradicional el juez desempeña un papel pasivo, ya que simplemente impone la medida correctiva o dispositiva pertinente. Este sistema no hace nada para la prevención en el problema de la delincuencia juvenil, como para evitar que se cometa nuevamente algún delito no violento.

Un cambio de esta realidad se daría con la creación de Tribunales o Cortes dedicados a la tratar las causas que motivan la comisión de delitos por los adolescentes, donde el juez y el sistema puedan ejercer un papel resocializador dando una “segunda” oportunidad al menor.

Las Cortes de adolescentes se desarrollaron como una alternativa a los tribunales tradicionales del sistema de justicia juvenil con el propósito de dar a los jóvenes que cometen actos delictivos menos serios una “segunda” oportunidad.

Estas operan sobre la premisa que el ser juzgado por sus pares puede tener un impacto más grande que el ser juzgado por la figuras adulta de un Juez del sistema tradicional.

Durante los ochenta y seis años de vigencia de la Ley N° 10.903 de Patronato de Menores, conocida como "Ley Agote", se tendía a ver en el adolescente infractor a un sujeto destinatario de un tratamiento psicoterapéutico compulsivo. El sistema se caracterizaba por la intervención de “oficio” en todos aquellos casos en que se advirtieran situaciones de abandono moral o materia, sin darse una definición clara o taxativa de lo debía entenderse por “abandono moral” o “abandono material”. La infancia se dividía entre los menores infractores o pobres, abandonados e incompatibles con las instituciones de la época, y los niños socialmente adaptados.

El Estado debía asumir la tutela de los niños en situación de carencia o infracción, institucionalizándolos en establecimientos destinados para tal fin. Los niños en peligro material o moral y aquellos acusados de cometer un delito no tenían garantías de defensa, y se consideraba a la infancia como incapaz para ejercer sus derechos. Nuestra Corte Federal señaló que la justicia de menores históricamente se ha caracterizado por un retaceo de principios básicos y elementales que se erige en todo debido proceso, tales como el de legalidad, culpabilidad, presunción de inocencia, proporcionalidad y defensa en juicio.

En Argentina, a los menores de 18 años de edad considerados infractores a la ley penal, se les aplica las disposiciones del decreto- Ley 22.278, donde se establece un sistema “tutelar” que se caracteriza por otorgar gran poder discrecional para el Juez de menores, quien luego de haberse establecido la responsabilidad penal del menor respecto en el hecho investigado, está facultado para absolverlo, para aplicarle una pena disminuida, en la escala de la tentativa, e incluso cuando el menor no haya tenido ninguna vinculación con el hecho investigado puede disponer definitivamente de él, para el supuesto de que considere que se encuentra en un estado de abandono, peligro material o moral.

Los menores de 16 años pueden ser sancionados con la privación de su libertad sin mayor requerimiento que el criterio de los jueces y sin un proceso judicial en el que se haya permitido defenderse, al poder ordenarse su internación en instituciones públicas o privadas cuando se hallaren “abandonados, faltos de asistencia, en peligro material o moral, o presenten problemas de conducta”, lo cual ha sido considerado inconstitucional. A los menores se lo puede tener “privados” de la libertad hasta los 21 años, cuando de los estudios realizados se advierta que el menor se halla en abandono, falto de asistencia, en peligro material o moral, presenta problemas de conducta, con o sin internación (art. 1 pár. 2 y 3 y art. 3 último párrafo), y cuando tienen entre 16 y 18 años se les pude aplicar la misma pena establecida para el adulto, lo cual también se ha considerado inconstitucional.

La Corte Federal ha criticado diferentes aspectos de esta normativa, indicando que nunca se distinguió entre el niño imputado de un delito y el desamparado o víctima; como que se ha manejado con eufemismos al considerar, por ejemplo, como "dispuestos", "internados", "reeducados" o "sujetos a medidas tutelares" a niños que materialmente eran sometidos a encierro.

Para cambiar dicha realidad se indica que la legislación de niños, niñas y adolescentes no puede olvidar que es parte del ordenamiento jurídico de un estado de derecho y que, como tal, debe brindar las garantías y límites al ejercicio del poder punitivo de las agencias administrativas y judiciales.

La justicia restaurativa se caracteriza por involucrar a la víctima como una parte indispensable dentro del proceso penal, y que cuenta con diversos métodos o prácticas que buscan la interacción entre el ofensor, la víctima, la comunidad y el Estado en un marco de igualdad y respeto por los derechos fundamentales Se centra en los efectos dañinos producidos por el delito e involucra activamente a las víctimas y los delincuentes, en el proceso de reparación y rehabilitación, y tres principios fundamentales guían su implementación: a) La justicia requiere que trabajemos a fin de que se ayude a volver a su estado original a aquéllos que se han visto perjudicados; b) De desearlo, aquéllos que se han visto más directamente involucrados o afectados por el delito, deben tener la posibilidad de participar de lleno en la respuesta; c) El rol del Gobierno consiste en preservar el justo orden público; la comunidad debe construir y mantener una justa paz.

La aplicación de la Justicia Restaurativa a los adolescentes en conflicto con la ley penal es algo que se considera muy apropiado tiene desarrollo en diversos países de América latina y el Caribe, , y su implementación varía en función a los recursos locales, las tradiciones y culturas.

Señala Padilla que los programas de justicia restaurativa incluyen metodologías como la mediación víctima-ofensor, las conferencias de grupos familiares, los círculos de sentencia y las mesas comunitarias de reparación. Indica que los bajos índices de reincidencia de los adolescentes que han participado en programas de justicia restaurativa (12%) en comparación con los índices de reincidencia de quienes han sido privados de la libertad (75%) han favorecido ampliamente su desarrollo mediante experiencias piloto que hoy se concretan en buenas prácticas susceptibles de ser replicadas.

En Argentina, existen nueve Jurisdicciones que prevén la mediación penal: Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provincias de Chaco, Chubut, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Buenos Aires, Río Negro y Santa Fe.

Los Tribunales para Adolescentes se están expandiendo rápidamente en los Estados Unidos de Norteamérica como una alternativa y/o complemento al sistema de justicia juvenil para los jóvenes que han cometido delitos no violentos, pasando de 78 programas en 1994 a que existan más de 1.050 programas de los tribunales juveniles en operación en 49 estados y el Distrito de Columbia, desde marzo de 2010.

Las Corte de Adolescentes es un programa que ofrece a los adolescentes en conflicto con la ley penal una segunda oportunidad, para aprender de su error, sin el alto costo y el estigma de quedar con antecedentes penales. Involucra a los voluntarios de 14 a 18 años de edad en la sentencia de sus pares por delitos no violentos como tirar basura, robo, alteración del orden público, llevar un arma oculta, etc.

En lugar de ser ignorados por el sistema de justicia juvenil por un delito menor, o de solo pagar una multa, la juventud frente a la Corte responde y aborda el impacto de su comportamiento en todas las víctimas. Cuando los acusados completan con éxito un programa de la Corte Juvenil, el 63% de los Tribunales de Menores desestima los cargos y el menor no registra ningún antecedente penal. Los Tribunales de Menores tienen un costo muy inferior, en comparación con el sistema de justicia tradicional, y han obtenido como resultado la reducción de las tasas de reincidencia.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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