EL "DERECHO DE LA ANCIANIDAD"

En el día de ayer, todas las farmacias del país decidieron el corte de servicios al PAMI, la obra social de nuestros ancianos, por falta de pago.
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Una vez más, en esta Argentina, dónde el hilo se corta por lo más débil, nuestros adultos mayores son el fusil que salta antes que se produzca el cortocircuito.

En el día de ayer, todas las farmacias del país decidieron el corte de servicios al PAMI, la obra social de nuestros ancianos, por falta de pago. Este hecho no es novedoso, ya que este tipo de medidas, tomadas contra un organismo de la Administración Nacional, y que afecta de manera directa a uno de los sectores etarios de mayor vulnerabilidad, fue realizado en innumerables oportunidades, desconociendose por completo una rama del derecho que, si bien está dentro de nuestro ordenamiento jurídico, es siempre dejada de lado al momento de tener en cuenta las gravísimas consecuencias que estas decisiones traen aparejadas. Me estoy refiriendo, concretamente, al Derecho de la Ancianidad.

El Derecho de la Ancianidad se construye como respuesta a requerimientos específicos de justicia , en virtud de la situación de vulnerabilidad y mediatización que padece el anciano en la época actual.

En todos los tiempos, las sociedades han reaccionado frente a la ancianidad de diferentes maneras. Como categoría social, la vejez presenta una posición ambivalente, en tanto abarca un abanico que va desde el máximo privilegio y respeto hasta el más cruel desprecio y olvido . Así pues, “toda la historia de la vejez ha sido un largo y doloroso ensayo de respuesta. Ensayo múltiple, discontinuo y variado”.

Ahora bien, del tratamiento que se ha propiciado al anciano a lo largo de la historia, me detendré en el análisis de la situación de las personas ancianas en la edad postmoderna, dado que las características propias de esta época histórica, determinan las condiciones que generan los reclamos específicos de justicia que señalara precedentemente.

En este sentido, la postmodernidad, “época histórica que se ha iniciado a partir del fin de la Segunda Guerra Mundial” , se presenta como una realidad signada por el enorme desarrollo del capitalismo, los procesos de globalización/marginación y los avances acelerados de la ciencia y la tecnológica.

Así pues, la evolución científica y técnica ha hecho posible el mejoramiento de los diagnósticos y pronósticos de las ciencias salud; ha permitido el avance de la farmacología, la biotecnología y de la producción en general. En suma, ha incrementado la calidad de vida de la población, con el consiguiente crecimiento de la expectativa de vida de las personas. Este hecho ha permitido denominar al siglo XXI como el siglo del envejecimiento demográfico, en tanto asistimos a un envejecimiento generalizado de la población, sin precedentes en la historia de la humanidad.

Sin embargo, esta realidad postmoderna es ambivalente dado que, si bien la expectativa de vida de las personas ha aumentado, la calidad vital no es alcanzada por todos los seres humanos en igualdad de condiciones. En este contexto, los ancianos constituyen un grupo especialmente vulnerable, padeciendo, por ello, múltiples situaciones de discriminación.

De esta manera, en la sociedad actual, el cambio cada vez más rápido de los conocimientos y las costumbres, modifica la relación entre quien sabe y quien no sabe, afectando la comunicación intergeneracional, con el consiguiente aislamiento del anciano.

Asimismo, el avance del capitalismo y el valor superlativo otorgado al consumo, exalta a los sujetos fuertes del mercado, marginando a los sujetos débiles, como los ancianos, los que muy pronto resultan mediatizados, cuando no, excluidos del sistema. En esta situación, los ancianos se encuentran en condiciones más graves que los otros grupos de sujetos débiles, como los marginados sociales y los niños, dado que éstos tienen, en estos tiempos, mayores posibilidades de ser admitidos en las tareas productivas.

Frente a esta situación el Derecho de la Ancianidad, en tanto rama jurídica autónoma y transversal, está orientado a fortalecer la situación de los ancianos como sujetos de derecho en sentido pleno. Para ello, procura integrar, en el marco de un régimen de justicia humanista, el reconocimiento de la igualdad, en tanto, exigencia de homogeneidad vital, necesaria para el sostenimiento de un sistema jurídico coherente; y la unicidad, en cuanto reclamo de diferenciación valiosa y de respeto por la identidad de la persona , a partir de su reconocimiento como agente moral autónomo. En este aspecto, importa entender el envejecimiento como un proceso complejo que no es unitario sino múltiple, no se da de la misma manera en el hombre que en la mujer, dado que, en cada caso, el desarrollo presenta factores propios determinados por el estilo de vida y la posibilidad de acceso a los servicios con los que ha contado cada uno.

Dentro de este escenario, la salud y el derecho de acceso a la salud de las personas ancianas constituye una de sus problemáticas principales que debe abordar el Derecho de la Ancianidad. Así, escribe Kofi Annan en el Prólogo del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento de 2002, que este sector de la sociedad, propio de la postmodernidad, se caracteriza por los especiales requerimientos de resguardo en cuanto a su vida, su salud y su bienestar en general.

En este sentido, desde el punto de vista normológico es posible señalar que, el derecho de acceso a la salud se halla reconocido en los artículos 14 bis –3er párrafo– y en el 42 –1ª parte–, de la Constitución Nacional. Así como también, en el artículo 12 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los artículos 12 y 14 de la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en los artículos 23 y 24 de la Convención sobre los derechos del niño. Fuentes formales internacionales, todas ellas, de rango constitucional, por su incorporación a la Carta Magna a través de la reforma del año 1994. Los preceptos mencionados imponen al Estado un deber positivo: la obligación de otorgar a todas las personas que habiten en nuestro territorio, entre ellos, los ancianos, los beneficios de la seguridad social, dentro de los cuales se incluye el acceso a la asistencia sanitaria. Pero también, al propio tiempo, otorgan a sus beneficiarios la facultad para alcanzar estos servicios, a través de relaciones de consumo que se desenvuelvan en un marco de protección integral. El derecho al acceso a la salud de los ancianos es, por ello, un derecho humano social de acción positiva , que compromete al Estado y a la sociedad en su conjunto.

Por su parte, el análisis de la realidad social del Derecho muestra que el acceso a la salud se vincula necesariamente con la problemática de la oferta y los recursos existentes para hacer frente a las necesidades y demandas de la población. En este sentido, bien cabe reconocer que la capacidad económica incide significativamente en la excelencia de la atención. “A quien más tiene, más y mejor se le dará” –en tecnología, medicamentos y profesionales–. Por ello, si el Estado, obligado principal, no contrarresta eficazmente este escenario, la univerzalización del acceso a la asistencia sanitaria de los ancianos representa todavía, una simple “expresión de deseos”.

En el marco de este análisis, la perspectiva dikelógica del mundo jurídico, por su parte, nos permite valorar cómo el anciano se encuentra ubicado en la sociedad como un recipiendario del sistema pero en una posición jurídica débil, que se manifiesta, entre otras cuestiones, en el reconocimiento incompleto del derecho de acceso a la salud de los ancianos, lo que se no se corresponde con lo establecido en la Constitución Nacional y las fuentes formales en materia de Derechos Humanos.

La teoría de la “justicia trialista” nos permite identificar los criterios vigentes en materia de distribución de recursos sanitarios; identificación que nos muestra que el acceso a la asistencia sanitaria es un simple “privilegio” para los ancianos, una facultad graciosamente concedida a su favor, un subsidio temporario.

Cabe señalar que la “justicia trialista” o “Trimedimensionalismo Jurídico” es una teoría jurídica elaborada por el jurista alemán Werner Godschmidt que proclama que el fenomeno jurídico es una totalidad compleja, totalidad a la que denomina “Mundo Jurídico”. Se propone, de esta manera, el estudio del mundo jurídico mediante el análisis de los tres elementos que lo integran: conductas; normas; y valores. La “Teoría trialista” del mundo jurídico sostiene que ese mundo resulta identificable, en definitiva, por las posibilidad de realizar la justicia en la realidad social y en las normas.

Las conductas son comportamientos humanos, las normas son descripciones y captaciones lógicas de las conductas, y el valor justicia se realiza en el mundo jurídico a través de los hombres permitiéndonos valorar las conductas y las normas.

Estas tres dimensiones no funcionan solas, se implican entre sí y no es posible su separación desde el plano metodológico, ni obviamente desde el político debido a su peligrosidad. Asimismo, éstas se encuentran presentes en cualquier experiencia jurídica.

Por ello, es de considerar que esta teoría de la “justicia trialista” constituye el camino a seguir para la construcción de un derecho a la salud de los ancianos con sentido humanista que garantice el acceso real a la salud de las personas de la llamada “tercera edad” de nuestro país, en defensa de su bienestar y de su dignidad.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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