UNIONES CONVIVENCIALES

Otra forma de formar una familia

Las uniones basadas “en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo”, -como puede leerse en el art. 509 del Código Civil y Comercial-, no están orgánicamente reguladas en el ordenamiento jurídico actual.


Es verdad que el concubinato o las uniones de hecho generan algunas consecuencias admitidas por el derecho, pero lo cierto es que, hasta la sanción del Código Civil y Comercial, no había una definición de la figura ni un régimen legal de alcance general.


La incorporación de las uniones convivenciales al ámbito del Derecho de Familia constituye una novedad.


El nuevo Código Civil y Comercial se hace cargo de una realidad ciertamente difundida, la de parejas que conviven de un modo estable, y que comparten, -como dice el art. 509-, “un proyecto de vida común”, pero que no se hallan unidas en matrimonio.


La unión convivencial puede estar conformada por un hombre y una mujer, y también puede estar integrada por dos personas del mismo sexo, pero debe tratarse siempre de dos personas vinculadas por “relaciones afectivas de carácter singular”.


A los efectos del encuadre legal, es indiferente que los convivientes de hecho tengan o no hijos.


Las personas que conforman la unión convivencial tienen que ser mayores de edad, no ser parientes en línea recta ni hermanos ni medio hermanos, no tener vínculo de afinidad en línea recta, y no tener ninguno de ellos un vínculo matrimonial o una unión convivencial registrada.


Para que la unión convivencial genere los efectos reconocidos en el nuevo Código Civil y Comercial, es indispensable que la convivencia estable y pública tenga por lo menos dos años de duración.


Este lapso mínimo es trascendente, pues la unión convivencial puede estar registrada o no, pueden las partes haber celebrado o no un pacto de convivencia, pero no generarán efectos jurídicos de ningún tipo si los miembros de la familia de hecho no pueden acreditar una convivencia estable y continua durante un plazo mínimo de dos años.


Acerca de la prueba de la existencia de la unión convivencial, el art. 512 del Código Civil y Comercial establece, con amplitud, que “la unión convivencial puede acreditarse por cualquier medio de prueba”.


La anotación en el registro respectivo es una posibilidad, pero lo que determina el encuadre de las uniones dentro del nuevo régimen legal, es la existencia misma de la unión, -sin impedimentos legales-, y su subsistencia continuada durante un mínimo de dos años.


En otras palabras, si dos personas conviven durante un año y medio en forma pública, estable y exclusiva, no llegan a conformar una unión convivencial y no pueden prevalerse de los derechos establecidos en el nuevo código.


Para explicar del modo mas claro el encuadre jurídico y los efectos derivados de la existencia de una unión convivencial, es importante distinguir entre dos situaciones distintas, la de los convivientes que no han formalizado ningún pacto expreso entre ellos, y la de las parejas que, al registrar su unión, han inscripto en el mismo registro un pacto de convivencia específico que regule de un modo particular distintos aspectos de la vida en común.


1.- Por el solo hecho de convivir de un modo estable y singular durante un mínimo de dos años, las partes de la unión convivencial están obligadas a prestarse asistencia recíproca (conf. art. 519 del Código Civil y Comercial). Aunque la ley no hable expresamente de alimentos, la asistencia es un concepto amplio que, en su aspecto material, comprende el deber alimentario recíproco.


De acuerdo a lo estipulado en el art. 520 del Código Civil y Comercial, los convivientes están obligados a “contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar y al de los hijos comunes en proporción a sus recursos”.


La gestión de los bienes adquiridos por ellos es independiente y autónoma, y cada parte responde por sus deudas, salvo las que hubieran contraído “para solventar las necesidades ordinarias del hogar o el sostenimiento y la educación de los hijos comunes”, en cuyo caso la responsabilidad es solidaria.


Cuando la unión convivencial no está registrada, y las partes no han celebrado un pacto de convivencia, el titular del hogar puede disponer libremente del inmueble donde está asentado.


Queda claro, entonces, que la unión convivencial no tiene un régimen de bienes específico, y que la libertad para disponer del hogar conyugal, -no mediando pacto de convivencia-, no tiene restricciones.


La unión convivencial no genera un vínculo formal, ni tiene efectos hereditarios.


2.- Al margen del régimen que he descripto en el apartado anterior, y que es aplicable a cualquier unión convivencial, las partes pueden celebrar y registrar un pacto de convivencia previendo, entre otras cuestiones, las pautas de contribución a los gastos del hogar, la atribución del hogar en caso de ruptura, y la forma de división de “los bienes obtenidos por el esfuerzo común” .


Estos pactos no pueden ir contra el principio de igualdad, ni contra derechos fundamentales de los integrantes de la unión, pero pueden prever un régimen específico de contribuciones a los gastos, un criterio anticipado para distribuir los bienes adquiridos durante la convivencia, incluyendo el propio hogar conyugal.


En lo que se refiere al hogar común, la unión convivencial debidamente registrada tiene una estructura jurídica que se parece más al matrimonio, al punto de que, “si la unión convivencial ha sido inscripta, ninguno de los convivientes puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la vivienda familiar, ni de los muebles indispensables de ésta”.


La norma transcripta alude a la necesidad del asentimiento para disponer sobre el hogar familiar y sus muebles en el caso de las uniones convivenciales inscriptas, -con o sin pacto de convivencia-, lo que marca una diferencia importante con las uniones convivenciales no registradas, en las que el titular puede disponer del hogar familiar y de los muebles sin el asentimiento del otro miembro de la pareja.


Las uniones convivenciales cesan en los supuestos estipulados por el art. 523 del Código Civil y Comercial, la muerte, el matrimonio o el establecimiento de una nueva unión convivencial, por la voluntad de ambos o de uno solo de los miembros de la pareja, y, finalmente, por el hecho de interrumpir la convivencia.


Es muy importante destacar que, al igual que en el matrimonio, la parte de la unión convivencial que experimenta un empeoramiento de su situación económica a causa de la convivencia o su ruptura, “tiene derecho a una compensación”.


Si, por ejemplo, una de las partes ha tenido que dejar un trabajo importante para iniciar la convivencia con la otra, en una ciudad distinta a aquella en la que vivía y trabajaba, o ha tenido que cerrar el consultorio en el que atendía a sus pacientes para centrar sus esfuerzos en la atención de los hijos comunes, podrá requerirle a la otra una compensación económica que restablezca el equilibrio entre las situaciones de ambas.


El reclamo tendrá que hacerlo, -al igual que los cónyuges-, dentro de los seis meses siguientes al cese de la convivencia.


Finalmente, en lo que se refiere al uso de la vivienda común, y a falta de acuerdo entre las partes, el juez tendrá que atribuírselo a aquél que tenga hijos menores a su cuidado, o que tenga mayor necesidad. El plazo de la atribución no puede ser superior a dos años. El mismo plazo máximo de dos años rige para el conviviente supérstite que se queda habitando el hogar luego de la muerte de su pareja y titular del inmueble.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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