Columna contra la corriente

OPINIÓN 25/11/2016
En la Argentina hay un 32,2% de personas pobres a la que no le alcanza para cubrir una canasta básica de consumo, que en el caso de una familia tipo es de $ 12.500.

En la Argentina hay un 32,2% de personas pobres a la que no le alcanza para cubrir una canasta básica de consumo, que en el caso de una familia tipo es de $ 12.500. Entre esos 8,7 millones de pobres hay 1,7 millones de indigentes que viven en hogares con ingresos inferiores a los $ 5176 que cuesta una canasta básica de alimentos para una familia tipo.

En la Argentina hay 3,9 millones de niños en 2,1 millones de familias que reciben una Asignación Universal por Hijo de $ 1103 por mes.

En la Argentina hay un tercio de la población que trabaja en la informalidad, sin cobertura social y privada de otros derechos laborales elementales.

En la Argentina hay alrededor de 300.000 personas que integran las cooperativas de los planes Argentina Trabaja, Ellas Hacen y Trabajo Autogestionado, que están cobrando $ 3450 por mes y que, tras el acuerdo alcanzado el miércoles pasado pasarán a cobrar $ 4000.
En la Argentina más de la mitad de los jubilados cobran el haber mínimo de $ 5661.

En la Argentina, según datos de la consultora W, la mitad de la gente vive en hogares con ingresos mensuales de hasta $ 15.000 y un 78% en hogares con ingresos de hasta 27.000.
En la Argentina el sueldo promedio de los trabajadores registrados del sector privado no llega a los $ 20.000 por mes.

En ese mismo país, con Sergio Massa a la cabeza y acompañado por varios de los bloques opositores, se presentó un proyecto de ley que plantea elevar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias de $ 25.000 a 40.000 mensuales de salario neto. Es decir que sólo quedarían gravados los que ganan el doble o más que el salario promedio del trabajador privado que está en blanco, y quedarían fuera del alcance del impuesto individuos con ingresos que los ubican en parte media-alta de la pirámide social.

Por supuesto que sobran las razones para reformar a fondo el impuesto a las ganancias. La falta de actualización de escalas y los sucesivos parches que el gobierno anterior fue introduciendo en el mínimo no imponible y en las deducciones, fueron armando un esquema repleto de distorsiones, inconsistencias e inequidades.

Pero el zafarrancho que dejó el kirchnerismo no tiene por qué corregirse de manera tal que implique resignar $ 48.000 millones de recaudación, según el planteo de Massa y el resto de la oposición, o 27.000 millones en la propuesta que al día siguiente presentó el gobierno. Si se lo analiza en su conjunto, no hay elemento alguno que demuestre que el impuesto a las Ganancias que pagan asalariados, autónomos y demás personas físicas esté recaudando ‘demasiadoÂÂ’.

Más bien, lo contrario. Particularmente para los ingresos altos. La calculadora de Ganancias con que el Frente Renovador está propagandizando su proyecto es un boomerang: muestra que una persona con un sueldo bruto de $ 120.000 por mes, actualmente paga $ 25.072 por mes; con el proyecto del FR pagaría 15.113; y con el del gobierno 21.702. Es decir que una persona con semejante nivel de vida ahora paga el 21% de su ingreso; con el esquema del FR pagaría nada más que el 12,6%; y si prosperara el proyecto del gobierno pagaría el 18%. Para ese caso, el ingenioso dispositivo del FR remata con la siguiente frase: "Esto significa que de aprobarse la propuesta del Frente Renovador, usted tendría 9959 más en el bolsillo todos los meses". El fulano agradecido.

Tampoco es que paguen demasiadas personas. Los legisladores y sindicalistas que machacan con que hay 2 millones de personas que lo pagan, deberían darse cuenta que más que un argumento a su favor es un dato que evidencia el alcance limitado del impuesto: son apenas 2 millones de personas sobre un total de trabajadores registrados de 12 millones o sobre un total de 6,5 millones que trabaja en blanco en el sector privado en relación de dependencia o como autónomo.

Las distorsiones, inconsistencias e inequidades bien pueden ser subsanadas con un buen esquema de pisos, escalas y alícuotas que no afecten la recaudación. Incluso podría aliviarse la carga sobre los sueldos e ingresos medios, compensando con mayor presión sobre los contribuyentes que más ganan.

Eso podría lograrse tomando algo de la parte positiva del proyecto de la oposición, que planteó financiar los $ 48.000 millones de transferencia a contribuyentes de clase media y alta, gravando la renta financiera y eliminando exenciones. La oposición también propone gravar la minería, el juego y las ganancias por operaciones de dólar futuro y Lebac. Las primeras dos iniciativas lucen razonables y progresistas. La retroactividad de las otras dos las tornan inconstitucionales.

La mencionada compensación, o por qué no la búsqueda de aumentar la recaudación global, también podría lograrse aumentando la alícuota marginal máxima del 35 al 45%, tal como figuraba en uno de los borradores del proyecto oficial que elaboró el ministerio de Hacienda. Ese punto fue eliminado por órdenes superiores, que alegaron que esa medida iba a generar mucha resistencia y daría lugar a demandas judiciales por supuesto cobro confiscatorio.

Cabe recordar que en varios países se aplican alícuotas máximas aún superiores al 45%: tomando ejemplos de países de la OECD, en Australia es del 49%, en Francia del 54, en Japón del 55,7, en Dinamarca del 56 y en Suecia del 57%.

Esos son países donde la presión es alta. Pero el impuesto a las Ganancias, con la denominación de impuesto al Ingreso en la mayoría de los casos, existe en todo el mundo medianamente desarrollado.
Mientras tanto, hay políticos y sindicalistas que aquí siguen diciendo, bobaliconamente, que el salario no es ganancia.

Fuente: El Cronista

Te puede interesar