PARIDAD Y EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY

La Constitución como punto de partida y como límite

Primero fue el reconocimiento de los derechos de la mujer para ejercer libremente su condición de ciudadana de la Nación, y con ello poder ser parte activa en la vida política del país, eligiendo a las autoridades y pudiendo ser elegida para cualquier cargo público.

Luego vino la Ley de cupo Femenino, sancionada en el año 1993, con lo que se le aseguró a la mujer una cuota obligatoria del 30% en las listas que los diferentes partidos políticos debían presentar a un acto eleccionario.

Hace tan sólo un par de meses el Senado de la Nación dio media sanción al Proyecto de Ley denominado como “Paridad de género”, con lo que el cupo a que hacía referencia en el párrafo anterior se incremento del 30 al 50% .

Ahora son las personas trans las que exigen que se asegure un cupo para ellas. Dentro de poco serán los veganos, más tarde los naturistas, y, quizá, dentro de no mucho tiempo, escuchemos que los hombres y mujeres, cuya estatura sea menor a 1.55, de pelo castaño oscuro y con ojos color “celeste cielo” van a estar exigiendo también su “ley de cupo”.

Aunque parezca un sarcasmo, esta última exageración, por llamarla de alguna manera, no es algo descabellado si se piensa que es necesario anteponer las exigencias de cualquier tipo de grupo o colectivo social a la letra y al espíritu de nuestra Carta Magna.

La Constitución Nacional prescribe que todos los habitantes de la Nación gozan de los derechos que ella establece de acuerdo con las leyes que reglamentan su ejercicio. Estas leyes, continúa la norma fundamental, no pueden alterarlos oponiéndole un límite a las facultades del Congreso de la Nación. El reconocimiento de esos derechos constitucionales implica la existencia de responsabiidades estatales cuyo alcance se asocia comúnmente a obligaciones de no hacer. Esto último constituye un error.

Una democracia constitucional es un régimen político que combina dos elementos. Por un lado, ella supone al autogobierno del pueblo. Debido a la dimensión de la comunidad autogobernada, el ejercicio de esa autodeterminación colectiva se logra, en la mayoría de los casos, por medio de representantes. La mejor manera de identificar el contenido de la voluntad popular es por medio de la aplicación de la regla de mayoría luego de un proceso deliberativo. Finalmente, es preciso agregar que esas decisiones pueden ser revisadas y modificadas por el pueblo siguiendo el mismo procedimiento.

El segundo elemento de este régimen político se vincula con el establecimiento de un límite, que identificamos con la Constitución, que se impone a las decisiones democráticas del pueblo. El pueblo es soberano, pero sólo en la medida que no desconozca el límite establecido en la Constitución. Los derechos constitucionales, entonces, operan como límite a la voluntad popular cuando ella lo contradice o vulnera.

Esta concepción de la Constitución como límite a la voluntad democrática del pueblo, así como la idea de que los derechos previstos en ella funcionan como cartas de triunfo frente a la soberanía popular de índole gubernamental, a llevado a muchos a pensar que la Constitución y los derechos en ella reconocidos implica la existencia excluyente de obligaciones estatales negativas, es decir, que esas cartas de triunfo sólo servirán para derrotar al Estado, corporizado en el pueblo autogobernado, cuando sus acciones violan derechos. Esta identificación del Estado que actúa interfiriendo con el ejercicio de los derechos constitucionales hace presumir a algunos que sólo por medio de un no hacer estatal, la vigencia y el ejercicio de los derechos vulnerados son restablecidos. De esta visión del Estado como enemigo de la libertad, se encuentra una concepción de la idea de límite como límite negativo, que algunos identifican como una filosofía política conservadora que requiere un Estado pequeño y pasivo, inconsistente con las demandas de justicia o de igualdad, defendidas desde una filosofía política progresista o liberal igualitaria. Por ello, la misma idea de la Constitución como límite resulta resistida por demócratas, por limitar la voluntad popular, o por partidarios de un Estado más activo, , por la identificación del límite de la inacción estatal. Pero estas resistencias son en verdad resistencias a una idea particular del límite constitucional que no es correcta.

No hay nada en la teoría política que subyace a la justificación de un régimen de democracia constitucional que nos obligue a concebir a la Constitución y a los derechos en ella establecidos, como límites exclusivamente negativos. Es cierto que las ideas liberales clásicas que rodearon a la sanción de la Constitución de 1853 concebían a la libertad como negativa y veían en el Estado un instrumento de las mayorías que podía ser una amenaza al ejercicio de las libertades civiles. Sin embargo, esta identificación de la libertad con la necesidad de establecer una esfera de protección contra el Estado es inconsistente con la idea de la Constitución como límite que, lejos de referirse a un límite de acción estatal, está asociada a la noción de límite de la voluntad democrática, que es algo muy diferente.

Mientras el límite a la acción estatal arroja como consecuencia un Estado mínimo y pasivo, el límite concebido como restricción a la libre decisión de la mayoría puede imponerle a ella la obligación no sólo de no actuar en detrimento de los derechos, sino la de tomar decisiones tendientes a provocar la acción estatal, como sucede, por ejemplo, con los derechos sociales, pero no únicamente con ellos. La Constitución como límite no implica necesariamente el veto a la acción estatal, sino la limitación de la libertad absoluta del colectivo para decidir democráticamente, por ejemplo, políticas públicas.

La igualdad ante la ley establecida en la Constitución fue identificada en la mayor parte de la jurisprudencia y por la posición dominante en materia interpretativa, como la expresión del principio de igualdad entendido como no discriminación. Este principio se corresponde con una idea de igualdad que implica la abstención por parte del Estado de realizar distinciones entre las personas de acuerdo con criterios que no sean razonables, entendiendo como tales aquellos criterios o requisitos que no guarden una relación de funcionalidad con el fin buscado de la regulación. Esta interpretación del significado del artículo 16 no atiende a las consecuencias o resultados de un procedimiento en el que se establezca un trato diferente de personas sobre la base de criterios razonables. Es posible que procesos basados en estos criterios arrojen resultados que sean incompatibles con la igualdad de trato, pero ya no debido a la existencia de obstáculos legales o formales, o incluso asociados a la intensión de un trato desigual injustificado, sino como consecuencia de prácticas sociales o dinámicas de acción colectiva que arrojan como resultado situación de exclusión o segregación incompatibles con el principio de igualdad.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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