El Gobierno giró sólo el 20% de los fondos para las escuchas judiciales

POLÍTICA 21/11/2016
Se trata de un ente que se encarga de interceptar comunicaciones. Antes dependía de la ex SIDE, luego de la Procuración y el Ejecutivo la pasó a la órbita de la Corte.

Tal vez no sea el organismo del Estado más conocido, pero su función es clave. Según el presupuesto de este año, el área a cargo de la interceptación y captación de las comunicaciones tiene como fin ser "el único órgano del Estado encargado de ejecutar las interceptaciones o captaciones de cualquier tipo, autorizadas u ordenadas por la autoridad judicial competente". Se trata, básicamente, del control de las denominadas "escuchas judiciales", que han estado deambulando de un lado a otro en el último año y medio y que desde marzo, luego de que el Gobierno decidiera quitárselas a la Procuración General, dependen de la Corte Suprema de Justicia. Más allá del pase de manos, los fondos destinados al programa escasean: en casi 11 meses, apenas se transfirieron $ 42,4 millones, el 20,21% de los $ 209,8 millones previstos.


La muerte del fiscal Alberto Nisman, en enero de 2015, generó el primer cambio de órbita del área, entonces a cargo de la Secretaría de Inteligencia, conocida vulgarmente como "Ojota". Alberto Mazzino, uno de los hombres fuertes entre los espías en ese entonces, declaró en la causa judicial que las escuchas ordenadas por los jueces penales se usaban para espionaje interno. Lo hizo poco después de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de una reestructuración en el sector, disolviera la SI y creara la todavía vigente Agencia Federal de Inteligencia.


Cristina decidió traspasar las escuchas a la Procuración de Alejandra Gils Carbó, por entender que se trataba del "único ministerio extrapoder". El antiguo nombre de Ojota dio lugar a la denominada Dicom (Dirección de Comunicaciones), que la Procuración mantuvo durante casi un año, aunque recién pudo empezar a administrar en julio de 2015, seis meses antes del nuevo traspaso. En esos meses, según argumentan fuentes del Ministerio Público Fiscal, se renovó el viejo edificio donde funcionaban las escuchas judiciales con la ex SIDE, en Avenida de los Incas al 3800.


Asumido Mauricio Macri, una de sus primeras medidas fue quitarle el área a la Procuración y dársela a la Corte. En el Gobierno resaltaron que eran los jueces quienes debían ocuparse de las escuchas, aunque desde la oposición se interpretó como un intento de restarle poder a la díscola Gils Carbó.


La Corte recibió en marzo la Dicom, rebautizada como "Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación". Desde entonces, delegó su manejo en jueces federales, que siguen desarrollándolo hasta ahora. En junio, el titular de la Corte Ricardo Lorenzetti dejó un mensaje claro y directo hacia el Gobierno. Opinó que las escuchas tenían que estar en manos de la Justicia, pero también dijo que "si a una institución la cambiamos cada año tampoco va a funcionar", al tiempo que añadió que era necesario dotarla de "más recursos".


Fuentes del sector reconocen que el área está desarrollándose y que ha habido avances tecnológicos importantes. Pero el reclamo por una inyección en el presupuesto sigue. Si los $ 209 millones pautados no eran suficientes, la situación se hizo más compleja cuando, con 2016 casi terminado, los fondos para el programa sólo superan el 20%.

Fuente: Cronista

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