LAS RELACIONES ENTRE EL ESTADO ARGENTINO Y EL VATICANO

Una larga historia de conflictos y desaveniencias

Con la presencia del Presidente Mauricio Macri en la Santa Sede, con motivo de la canonización del Cura Brochero, la inmensa mayoría de analistas políticos que pululan en este país, es decir, mas de cuarenta millones, estuvieron pendientes de los gestos, de los apretones de mano, de las sonrisas del Sumo Pontífice y del Primer Mandatario argentino o de sus caras contrariadas frente a las cámaras fotográficas. Pero el Vaticano, que como reza el dicho “sabe por zorro, pero más sabe por viejo”, se guardó para sí, esta vez, la potestad de la difusión de las imágenes del encuentro. Así, con ese valor por la ecuanimidad que le es tan particular, muy poco se puede desentrañar.

Lo cierto es que las relaciones entre el Estado Argentino y el Vaticano, a lo largo de nuestra corta historia como Nación, en comparación con los dos milenios de catolicismo en el mundo, no siempre ha transitado por caminos parejos. Es más, se podría decir que ese fue un camino muy sinuoso y con demasiados baches.

Contrariamente al pensamiento del tradicionalismo argentino que siempre afirmó que la construcción de la Nación estuvo fuertemente entrelazada a la religión católica, lo cierto es que el contenido republicano de la Revolución de Mayo inició un arduo combate entre la tradición secular y los intentos de confesionalizar el Estado argentino.

Bernardino Rivadavia, por ejemplo, fue uno de los primeros en enfrentarse a la curia. Una de sus principales medidas fue la Reforma Eclesiástica, que le trajo más de un dolor de cabeza al gobierno. Sancionada el 21 de Diciembre de 1822, establecía la libertad de conciencia, exigida por los ciudadanos ingleses que vivían en estas tierras; la secularización delas órdenes monásticas, declarando como bienes del Estado a aquellos que pertenecían a los conventos suprimidos de los Betlehemitas, Mercedarios y Recoletos. Al mismo tiempo, secularizaba los cementerios, abolía los diezmos y primicias a la Iglesia, así como los fueros y privilegios otorgados por la Corona Española. Rivadavia se convirtió de inmediato en “el hereje”, siendo anatematizado por todos los sacerdotes. El padre Fancisco de Paula Castañeda, capellán durante las Invasiones Inglesas, hacía rezar a los fieles en plena misma la siguiente oración: “De la trompa marina, libera nos Domine. Del sapo del diluvio, libera nos Domine. Del ombú empapado en aguardiente, libera nos Domine. Del armado de la lengua, libera nos Domine. Del anglo – gálico, libera nos Domine. Del barrenador de la tierra, libera nos Domine. Del que manda del frente contra el Papa, libera nos Domine. De Rivadavia, libera nos Domine. De Beranrdino Rivadavia, libera nos domine”. Claro que no todas las reacciones fueron tan ingeniosas: la más dura fue la llamada Revolución de los Apostólicos, surgida el 20 de Marzo de 1823, al grito de “Viva la Religión” y “Mueran los herejes”, y fue brutalmente reprimida por el gobierno.

Los constituyentes de 1853 encontraron una fórmula mixta para zanjar un problema irresuelto desde 1819: sostenimiento del culto católico pero, al mismo tiempo, libertad religiosa absoluta para los demás cultos. Además, muchos de ellos influenciados por el espíritu de la masonería, sujetaron a la Iglesia Católica al Estado por medio del “patronato”, una figura legal heredada de los tiempos de la colonia y que consistía en que el presidente argentino eligiera las ternas de candidatos a obispos para que el Papa, finalmente, diera el visto bueno.

El sistema del patronato fue anulado en 1966, tras un acuerdo entre la Santa Sede y la dictadura de Juan Carlos Onganía, donde se creó la figura del “concordato”, que otorga al Vaticano la facultad de nombrar y remover a los obispos sin necesidad de acuerdo con el presidente de la Nación, que sólo se reserva el derecho de objetar las designaciones. Es decir, que todo el cuerpo eclesiástico depende desde esa fecha de una autoridad extranjera y el Estado Argentino no tiene ningún derecho sobre él. Con la Reforma Constitucional de 1994 el “concordato” alcanzó rango de tratado internacional y fue colocado en un mismo peldaño que las leyes supremas de la Nación, aunque según la misma Carta Magna el Congreso puede reformarlo. En otras palabras, se trata de un Estado dentro de otro Estado.

Los conflictos del siglo XIX marcarían una tendencia a lo largo de la historia. De allí en más Estado e Iglesia se enfrentaron siempre para delimitar e interferir en las distintas áreas de incumbencia. Es decir, la Iglesia pugnó por influenciar las decisiones políticas de los gobiernos de turno. Y lo hará casi siempre con espíritu retrógrado. Obviamente que las participaciones menos felices fueron aquellas en las que la jerarquía eclesiástica apoyaron a las dictaduras de turno, dentro de las cuales la complicidad con el llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, instituido luego del golpe de Estado de 1976, debido a la brutal represión ilegal y a los miles de muertos y desaparecidos, abrió una brecha con la sociedad civil que aún no ha podido cerrarse.

El primer gran conflicto se produjo en 1884, cuando el por entonces presidente Julio Argentino Roca impulsó las leyes de educación laica y matrimonio civil, y la Iglesia se opuso totalmente. Como respuesta, Roca expulsó al nuncio apostólico y rompió relaciones diplomáticas con el Vaticano, las que se restablecieron recién en la segunda presidencia del tucumano.

Setenta años después, un nuevo enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia tendría otra vez como origen el intento de un gobierno, esta vez el de Juan Domingo Perón, de sancionar leyes de neto corte progresista, como fueron la fallida ley de divorcio, la supresión de la educación religiosa en los colegios y el proyecto de reforma constitucional para separar la Iglesia del Estado. Más allá de las verdaderas intenciones del por entonces presidente, quien llevaba adelante desde hacía tiempo un conflicto de intereses con el catolicismo, lo cierto es que una vez más la Iglesia optó por el peor camino. Un año después, el 14 de Junio de 1955, los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa atacaron al gobierno en la procesión de Corpus Christi. Al día siguiente, Perón le exigió al Vaticano la remoción de los obispos. El 16, los aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo y asesinaron a medio millas de personas. El lema de los militares golpistas era más que significativo: “Cristo vence”.

Por último, el antecedente más inmediato fue el enfrentamiento que el ex presidente Raúl Alfonsín mantuvo con la Iglesia a mediados de la década del 80 con la sanción definitiva de la Ley de Divorcio Vincular, el Congreso Pedagógico y la política de juzgamiento a las juntas militares por las violaciones a los Derechos Humanos durante la última dictadura militar. Y, justamente, el momento más álgido de esa pelea se dio en la capilla Stella Maris, sede del obispado castrense, cuando el ex mandatario subió al púlpito para responder los cuestionamientos políticos que le hacía un capellán militar, que exigía la impunidad de los represores.

La historia, pues, se encarga de señalarnos el tortuoso camino por el que siempre transitaron las relaciones entre el Estado Argentino y la Iglesia. Con el gobierno de Néstor Kirchner, esa característica se acentuó. El patagónico cambio la sede de las celebraciones del tradicional Te Deum del 25 de Mayo, propicio las leyes reproductivas, la educación sexual en los colegios, la entrega gratuita de profilácticos, el matrimonio igualitario, la revisión de nuestro pasado reciente y la complicidad con la última dictadura militar por parte de la jerarquía eclesiástica. Quizá, el hecho que podría graficar mejor lo aseverado sea el affaire protagonizado por el ex obispo castrense, Antonio Juan Baseotto, quien pidió que el por entonces ministro de salud, Ginés Gonzáles García, fuera arrojado al mar con una piedra atada al cuello. Durante los dos períodos presidenciales de Cristina Fernández de Kirchner, esa pelea se aquietó un poco y hubo encuentros y diálogos con la jerarquía, sobre todo después que Jorge Bergoglio fuera electo Papa por el Colegio Cardenalicio, pero no se pudo resolver, porque es irresoluble, la cuestión de fondo: la soberanía de un Estado nacional frente a una corporación transnacional.

En definitiva, los más de 40 millones de analistas políticos, como decía al comienzo, que existe en el país, seguirán haciendo especulaciones y buscando señales en los gestos y en las sonrisas. Mientras tanto, la Iglesia, como institución, se moverá con la misma lentitud y astucia que lo ha venido haciendo durante casi dos milenios.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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