Pobreza: "el efecto derrame" ya no tiene quien lo defienda

ECONOMÍA 14/10/2016
La propuesta del Gobierno se asemeja a la teoría que cree en el desborde natural de los beneficios hacia los sectores excluídos y de menores ingresos como respuesta automática del crecimiento y las inversiones.

Si alguien se sorprendió cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió recientemente que uno de cada tres habitantes en Argentina es pobre, no hay demasiadas explicaciones: o es un kirchnerista acérrimo o es un hipócrita. La pobreza en la Argentina existe desde hace años y pese a que la ayuda social fue creciendo -desde las 500.000 personas que durante el gobierno de Raúl Alfonsín eran beneficiadas por las cajas del Plan Alimentario Nacional (PAN) a las 9 millones que en la actualidad reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH)- nunca logra bajar del 25% promedio.


Con el macrismo en el Gobierno, el termómetro del Indec volvió a funcionar tras nueve años de manipulación de los datos sobre el tema. El anteúltimo relevamiento del organismo fue en 2013, durante el mandato de Cristina Kirchner, en el que se aseguraba que en la Argentina había solo 4,7% de pobres. El ex ministro de Economía Axel Kicillof explicó en 2015, con un cinismo desolador, que el índice de pobreza se dejó de medir porque era "bastante estigmatizante". Después llegó lo peor: la propia Presidenta se burlaba de medio mundo al asegurar ante la oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), en Roma, que la pobreza se ubicaba en la Argentina por debajo de 5%, gracias a las políticas activas implementadas por el kirchnerismo en la década ganada.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) estimaba entonces que esa medición llegaba al 27% de la población, mientras que a fines de 2015 trepaba al 29%, con un 5,3% de indigentes. Cuando el presidente Mauricio Macri informó días pasados que el 32% de los argentinos es pobre pareció darle crédito a la Universidad. "Este es el punto de partida, que reivindica lo que venia haciendo la UCA", dijo.


La normalización del Indec es una paso clave para poder hacer un diágnóstico y comenzar a desterrar el hambre del país. Pero también, el Gobierno de Cambiemos aumentó el índice al agregar 1,4 millones de pobres al ránking, producto de la inflación y de los 100.000 puestos de trabajo que se perdieron desde diciembre con el parate de la obra pública.

Está claro que se trata de un problema estructural, sistémico, al que se le agrega un cóctel de ineficiencia, corrupción y hasta intencionalidad de algunos gobiernos provinciales para mantener de rehenes políticos a los pobres. Ante ese escenario, el debate parece girar sobre la implementación de las políticas adecuadas para salir de ese fondo oscuro y turbio en el que se encuentran casi 13 millones de compatriotas.


Desde el inicio de su campaña, Macri viene asegurando que el principal objetivo de su Gobierno será bajar la pobreza, con el slogan de "pobreza cero". Habló de atraer una lluvia de inversiones que aún no se concretó y prometió como tierra santa que los beneficios del ajuste realizados al inicio de su Gobierno se verían en el segundo semestre del año, cosa que tampoco ocurrió. La meta se concentra ahora en el 2017, "con la baja de la inflación para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios y los proyectos de infraestructura como medidas tendientes a generar transparencia y condiciones para crear empleo y atraer inversiones", según expresa el propio mandatario.


El debate está en el aire porque lo que propone el Gobierno se asemeja a la llamada "teoría del derrame", una creencia promocionada por los economistas ortodoxos, que sostiene que "el derrame" de los beneficios se produce de manera automática hacia los sectores excluidos y de menores ingresos tan sólo con el crecimiento económico y las inversiones, sin necesidad de que el Estado intervenga o lo haga con políticas focalizadas.
¿Sirve la teoría del derrame para bajar la pobreza o con ella sólo se tiende a mayor concentración económica y a mayor exclusión, como sucedió en los ‘90 durante el mandato de Carlos Menem? ¿Alcanza con esperar que el mercado solucione el problema?


El Observatorio de la Deuda Social de la UCA ya dijo que "poner demasiadas expectativas en el efecto derrame como estrategia de reducción de la pobreza es riesgoso". Y que a la estrategia de captar inversiones debería sumarse políticas de contención de los sectores vulnerables para garantizar que el crecimiento económico llegue a todos.

Pese a los insistentes llamados de El Cronista , la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, estuvo inubicable. El encargado de repasar lo realizado hasta ahora desde el oficialismo fue el diputado Eduardo Amadeo. "El Gobierno ha invertido más de $ 120.000 millones en sostener y ampliar los planes sociales, por lo que 1 millón de chicos pobres más tienen ahora AUH y Asignación familiar. Se incorporó a los programas sociales a los monotributistas y trabajadores temporarios. Se está pagando la deuda a dos millones de jubilados. Se devuelve el IVA a quienes cobran AUH y jubilación mínima. Se inició un programa masivo de inversión en agua y cloacas, y hay un gran esfuerzo para atraer inversiones que aseguren un desarrollo sostenible y con mejora de la productividad", destaca.


Sin embargo, la ayuda social parece no alcanzar. El mismo lo señala. "Es posible reducir sustancialmente la pobreza si se sostiene un crecimiento sin inflación, se genera empleo para aquellos que tienen menos capacidades, a través de la obra pública, y se mejoran fuertemente los ‘bienes públicos’, con perspectiva de equidad: invirtiendo más y mejor en las necesidades de los pobres", remarca Amadeo.


El dirigente massista Daniel Arroyo coincide en que las medidas focalizadas tomadas por el Gobierno son buenas, pero cree que el principal problema es que está agotado el modelo de política social. "Desde el inicio de la democracia, cada gobierno ha extendido la cantidad de planes, sea de izquierda o de derecha, bien o mal intencionado, y aún tenemos 30% de pobreza. Eso quiere decir que el problema es la economía y no los planes sociales. La estructura económica Argentina no genera empleo para todos y de ahí hay que empezar a trabajar para adelante", afirma.

En esa línea, el ex viceministro de Desarrollo Social considera que las políticas que encara la gestión de Cambiemos no son las adecuadas para lograr el objetivo. "La idea de que el derrame y las inversiones van a generar empleo es una idea equivocada y de hecho lo que ha pasado en este tiempo es que han aumentado la pobreza y la desocupación. Creo que el principal error es que el Gobierno no interpretó bien el mundo de la economía informal, el mundo del gasista, del plomero, del que hace changas, que son los que tiene el trabajo en negro, un tercio de la Argentina. Hoy la política social tiene que ver con el empleo", dice.

Roberto Mionis, economista del GEN, partido que lidera Margarita Stolbizer, advierte que para bajar la pobreza "se requiere otro modelo económico, social y político distinto al actual en la Argentina". "La teoría del derrame ya demostró su fracaso en los años ‘90. De cualquier manera, para que haya derrame tiene que haber crecimiento económico, y todavía eso no sucedió", dice.

El problema para el economista es que "el Gobierno no tiene un proyecto donde el que más tiene más pague". "Si bien aumentó el gasto público social, hasta ahora mantiene el sistema de políticas sociales del kirchnerismo. El grueso del ajuste recae sobre los sectores medios y bajos. El tema esencial es como distribuimos lo que está concentrado", resalta.

Los especialistas concuerdan en que además de las malas políticas aplicadas en los últimos 30 años, la corrupción y la ineficiencia complicaron la situación. "El kirchnerismo es una muestra concreta de que la corrupción mata, como se vio en tragedia de Once, y aumenta la pobreza. Dinero que debe llegar a los que menos tienen queda en manos de los funcionarios enriquecidos, empresarios inescrupulosos y sindicalistas cómplices", dice Mionis.


Amadeo recuerda que en lasprovincias "gobernadas por señores feudales, se prefiere la bolsa de comida a la vivienda o a la calidad de la educación. Hay distritos donde la creación de empleo productivo fue nula, como Chaco o Santiago del Estero".


Arroyo coincide: "En algunos casos hay intencionalidad clara de mantener como rehenes a los sectores más pobres y construir desde ahí una clientela política". Pero insiste en que el problema central es la economía.
Hay coincidencia en que desterrar la pobreza del país llevará tiempo y que requiere medidas de corto y largo plazo.


Arroyo sugiere en primer lugar decretar la emergencia alimentaria en los comedores escolares y comenzar con la obra pública de pequeña escala para que los jóvenes sin estudios secundarios completos tengan trabajo. "En el mediano plazo hay que cambiar la escuela secundaria; tomar en serio el tema del crédito porque los sectores pobres están sobreendeudados a tasas altísimas, armar un empalme entre planes sociales y trabajo y generar mecanismos fuertes en el tema de vivienda para salir de la pobreza estructural", propone.


Desde el GEN piden como medida inmediata que los 100.000 mayores contribuyentes de la Argentina hagan un aporte extraordinario de sus rentas para que las cargas no solamente recaigan sobre los más pobres. Pero Mionis insiste en que la solución requiere de una "reforma productiva que diversifique la economía, promueva el sector industrial, la innovación, elevar la productividad y la inversión". "Para ello -dice- es central un fuerte rol del Estado para imprimirle progresividad a las políticas fiscales y el gasto público"

Un pacto social

¿Y cómo deberían involucrarse el resto de los actores sociales? ¿Es posible lograr un pacto político para desterrar la pobreza? Para Arroyo, es clave convocar un consejo económico social. "No solo tienen que involucrarse los gremios, las empresas y el mundo académico, sino que también es necesario convocar un espacio de interacción para ver y definir: metas de inflación, metas de crecimiento, políticas de empleo en un mundo donde claramente el empleo va a cambiar en los próximos años, donde la tecnología va a transformar el sistema".


Mionis sostiene que debe realizarse un Pacto Social por la Igualdad, en el que se involucre a todos los sectores: políticos, económicos, sociales, sindicales, religiosos, culturales". Desde el Gobierno, Amadeo lo ve un tanto difícil por considerar que "existe muchas hipocresía y hasta un doble discurso"de parte de los principales actores políticos y sociales.

Fuente: Cronista

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