"SEGURIDAD HUMANA" Y "SEGURIDAD CIUDADANA"

Factores fundamentales en el diseño de una Política Criminal integral.

Víctimas de inseguridad marcharán en el día de hoy hacía el Congreso de la Nación a fin de movilizar a la ciudadanía argentina sobre uno de los temas, quizá el más angustiante, que aqueja a cientos de miles de miembros de nuestra sociedad.

La inseguridad ciudadana ha existido desde el mismo momento en que el hombre se ha organizado en comunidades, pero ha sido hacía finales de la última década del siglo pasado y lo que va del presente, que se erige en un fenómeno que ataca ferozmente a todos los sectores sociales por igual.

Cada mañana, los medios de comunicación nos brindan como desayuno reportajes sobre los hechos delictivos ocurridos durante el día anterior, o informan acerca de operativos llevados a cabo por parte de las fuerzas de seguridad, en cumplimiento de ordenes emanadas del Poder Judicial, para desarticular bandas de piratas del asfalto, ladrones de autos, pandillas de asaltantes, comercio ilegal de drogas, secuestros expres, prostitución y mafia.

Otras escenas desgarradoras que plantean los medios de comunicación tienen que ver con el sufrimiento de las familias que han perdido a un ser querido a consecuencia de un hecho delictivo. Es simplemente angustiante escuchar al movilero encargado de realizar el reportaje preguntarle a la víctima cómo se siente y qué tipo de medidas le exige a las autoridades para reivindicar su dolor.

El tema planteado en dichos reportajes no es otro que el relativo a los fenómenos de la violencia y la criminalidad. La respuesta de la opinión pública general, de los mismos medios de comunicación y de vastos sectores partidistas es la exigencia hacia el Estado en la adopción de las denominadas “políticas de mano dura”. Es decir, la solución que estos sectores ven es la de utilizar al sistema judicial penal para combatir este tipo de fenómenos, sin cuestionarse si es ésta la respuesta más adecuada para garantizar la seguridad ciudadana, trasladando al Derecho Penal la solución de diferentes problemas de carácter social que no fueron abordados oportunamente por las instituciones responsables.

Para poder guiar el desarrollo de un tema tan delicado, debemos plantearnos como objetivo primordial poner en evidencia que las políticas represivas que han orientado el accionar de los organismos de contralor jurisdiccional estatal hasta el momento , no hay sido eficaces, ni mucho menos suficientes, para solucionar el problema de inseguridad ciudadana, requiriendo el diseño de una verdadera Política Criminal para el abordaje integral de los fenómenos de la violencia y de la criminalidad.

Resultan fundamentales, pues, algunos conceptos que deben ser tomados en cuenta para arribar a conclusiones que permitan señalar sobre qué temas y sectores debe trabajarse de manera integral para garantizar a todos los argentinos un país seguro, en el que se respeten sus derechos y el bienestar general de la población.

De entrada, debe comprenderse que la seguridad humana es un concepto que presenta múltiples dimensiones, y que se refiere a elementos económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, físicos y normativos. De esta forma, la seguridad económica tiene que ver con el desarrollo económico, con el fortalecimiento y modernización de las pequeñas y medianas unidades productivas, y con el mejoramiento de la empleabilidad de las personas. La seguridad social hace referencia al acceso a servicios básicos y de calidad en áreas tales como la salud, la educación y la vivienda. Por otro lado, la seguridad política se relaciona con el emponderamiento de grupos claves dentro de la sociedad, como, por ejemplo, los jóvenes, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la sociedad civil y de la democracia en general, a través del ejercicio de una ciudadanía activa, participativa y socialmente responsable. La seguridad ambiental atañe al buen manejo de los recursos naturales; mientras que la seguridad cultural refiere al acceso a la educación y capacitación formal y continua, así como a las transmisión de valores y conductas, como la transparencia, la tolerancia y el respeto a la diversidad etnocultural. La seguridad física es un concepto que englobo todo lo concerniente al uso, por parte de los agentes del Estado, de la fuerza física al momento de ejercer la función de seguridad en procura de proteger y salvaguardar la vida de las personas. Por último, la seguridad normativa o jurídica, implica un sistema de reglas claras, estables, aplicables y funcionales a las necesidades y aspiraciones de las comunidades y las personas.

Definitivamente, interrelacionando los conceptos anteriores, se encuentra el de la seguridad ciudadana, que es el que hace a la protección del normal funcionamiento de las instituciones democráticas, la defensa del ciudadano ante la criminalidad en cada una de sus facetas y tipologías, la defensa de los ciudadanos ante la corrupción y otras formas de actuaciones antisociales que impidan o dificulten el desarrollo y disfrute de los derechos fundamentales de las personas. De conformidad con lo apuntado, la seguridad ciudadana sería uno de los elementos esenciales de la seguridad humana.

Los conceptos de seguridad humana y seguridad ciudadana son importantes, en tanto que las políticas públicas que desarrolle el Estado deben contemplarlos con el fin de que los derechos de las personas sean respetados y con ello se garantice su bienestar general.

Resulta vital entender que la Política Criminal es la rama de la Ciencia del Derecho Penal que analiza los factores del fenómeno de la criminalidad y así orienta la evolución de la legislación penal a las finalidades materiales del Derecho Penal. Como parte de la política general de un Estado, la Política Criminal constituye un conjunto de estrategias para determinados fines, que en suma, se enmarcan en los siguientes: a) el estudio de la función de la justicia criminal y de las respuestas al fenómeno criminal, considerando no sólo la prevención de la delincuencia, sino también el control total de sus consecuencias, costos económicos y sociales del delito, de su sanción, respecto al autor, las víctimas, los aparatos de intervención y la sociedad en general; b) la determinación de un modelo de regulación de ese campo; y c) la generación de una política legislativa que oriente el ideal fundamental que la sociedad pretende alcanzar, logrando, por una parte, un mínimo bienestar general; y por la otra, respetando los límites y garantías en el ejercicio del “ius puniendi” o facultad sancionadora del Estado.

Por ende, la Política Criminal que asuma el Estado debe encuadrarse, fundamentalmente, en los principios normativos que inspiran la organización estatal, es decir, en la Constitución como gran marco de referencia; descendiendo a los ordenamientos secundarios, hasta permear en los instrumentos que posibiliten hacer efectiva esa Política Criminal, transformándola en una verdadera Política de Estado, a través de programas concretos y con continuidad, sea cual fuere el color político partidario del gobierno de turno.

Así, el Derecho Penal es el conjunto de normas que establecen cuáles son los delitos y las penas a aplicar a una persona, cuya actuación ha sido típica, antijurídica, punible y, por tanto, reprochable. Su finalidad es disuasiva, es decir, evitar que las personas cometan delitos y, además, ejemplificadora para el resto de la sociedad.

Analizando los conceptos de Política Criminal y Derecho Penal se tiene que esta rama del Derecho y el Sistema de Justicia Penal intervienen una vez que se ha producido la transgresión al orden social, es decir, entran en funcionamiento para investigar y determinar si una persona es culpable de haber cometido un hecho delictivo y qué tipo de sanción debe aplicarsele para resarcir el daño causado, pero no combaten las causas de los fenómenos de la violencia y la criminalidad.

En consecuencia, es evidente que el Estado debe efectuar un abordaje integral que considere los elementos que forman parte de la seguridad humana para orientar políticas preventivas que permitan un trabajo interdisciplinario e institucional tendiente a eliminar todos aquellos factores que originan los problemas de inseguridad ciudadana, así como orientar la persecución penal en el sentido de que ésta sea la última ratio a utilizar para garantizar a las personas adecuadas condiciones de seguridad física o ciudadana.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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