LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Mejoras e incorporaciones desde la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que entró en vigencia el 1 de Agosto de 2015, ha venido a consagrar principios generales en materia de contratos de consumo que se complementan con la Ley de Defensa del Consumidor Nº 24.240. La mayoría de estos principios ya venían siendo desarrollados por la doctrina, la jurisprudencia y en algunos casos ya eran reflejados normativamente.

Se mencionarán a continuación aquellas incorporaciones de mayor trascendencia y que impactarán en el curso ordinario de las relaciones en las que estén involucrados consumidores en nuestro país.

Contratos de consumo

En el Código Civil y Comercial la autonomía de la voluntad contractual deberá ser analizada según las siguientes categorías en las que se haya llevado a cabo: contratación paritaria o discrecional; contratos por adhesión a cláusulas predispuestas; o, contratos de consumo.

De lo anterior, se desprende en primer lugar, la incorporación de los contratos de consumo como categoría autónoma en el Código Civil y Comercial. Además, se mantienen los conceptos de la Ley de Defensa al Consumidor de relación de consumo y de contrato de consumo.

Respecto de la relación de consumo, se mantiene el criterio de que puede existir una relación de consumo no solo por parte de una persona física sino también por una persona jurídica. Ello, siempre que el bien o servicio adquirido tenga un destino final como propósito. Además, se refleja la figura del “by-stander”, incorporada en la Ley de Defensa al Consumidor en el año 2008, que se refiere a aquella persona que sin ser parte de la relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de ella, adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final.

El principio de “in dubio pro consumidor” y la carga dinámica de la prueba

En el Código Civil y Comercial se consagran dos de los principios rectores del Derecho del Consumo que venían rigiendo la materia, el primero, referido al de “in dubio pro consumidor”. Esto, no solo para la interpretación de las normas sino también, para la valoración de la abusividad o no en las cláusulas de un contrato.

El principio “in dubio pro consumidor” (o, de interpretación en caso de duda a favor del consumidor) ha tenido como finalidad, la protección de la parte débil en la relación de consumo.

El segundo, es otro principio rector en la materia y está referido a la facultad que tiene el juez de aplicar la carga dinámica de la prueba. Ello significa que, en contraposición a la regla general, de que quien alega algo, debe probarlo, en materia de consumo, debe probar quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo. Cabe diferenciar este principio con la inversión de la carga de la prueba, aplicada en materia laboral, que muchas veces pretende ser aplicada por las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa al Consumidor.

En este sentido, será el proveedor quien -en la mayoría de los casos- estará en mejores condiciones de probar que ha cumplido con las obligaciones a su cargo en virtud de la relación de consumo. Con relación a este principio, vale la pena destacar que será de aplicación tanto en caso de duda respecto a las responsabilidades o aplicación de normas, como en aquellos casos en los que exista un vacío legal. Además, es extensivo a toda la normativa en materia de consumidores.

Contratos celebrados a distancia. Contratos electrónicos. Derecho de revocación

El Código Civil y Comercial alude a modalidades especiales, haciendo referencia a los contratos celebrados fuera de los establecimientos comerciales, caracterizándolos como aquellos en los que resultan de una convocatoria al consumidor o usuario al establecimiento del proveedor o a otro sitio a efectos de celebrar la contratación.

También se refiere el Código Civil y Comercial a los contratos celebrados a distancia que son aquellos concluidos entre un proveedor y un consumidor con el uso exclusivo de medios de comunicación a distancia, entendiéndose por tales los que pueden ser utilizados sin la presencia física simultánea de las partes contratantes. Y es aquí donde radica la novedad más relevante, ya que se considera incluidos los medios electrónicos, es decir, los celebrados “on line”.

Respecto a los medios electrónicos, sobrevienen mayores exigencias y una necesaria adecuación de los procesos. Ya sea respecto a la información, además de la habitualmente exigida, puesto que debe referirse al contenido mínimo del contrato y a la facultad de revocar, además de todos los datos necesarios para utilizar correctamente el medio elegido, para comprender los riesgos derivados de su empleo, y para tener absolutamente claro quién asume dichos riesgos.

Parecería que se menosprecia la capacidad de un consumidor medio, cada vez más habituado al uso de la tecnología para efectuar sus transacciones diarias. Ello, visto que el Código Civil y Comercial exige que se le explique qué es una operación “on line” y cómo llevarla a cabo. La alternativa en otros países es la aplicación del concepto de “consumidor razonable” lo cual sería más saludable al momento de ejercer una mejor interpretación de los derechos de los consumidores. Esto, para evitar un ejercicio abusivo de los consumidores de las herramientas normativas que tuvieron como fin su protección frente a inequidades propias de las relaciones de consumo.

La jurisdicción en los contratos electrónicos está dada por el lugar de cumplimiento, que es aquél en el que el consumidor recibió o debió recibir la prestación. Aclarándose que, cualquier cláusula de prórroga de jurisdicción se tiene por no escrita.

En cuanto a la facultad de revocación o arrepentimiento, o desistimiento en otras legislaciones, como la española, si bien ya estaba previsto en la Ley de Defensa al Consumidor para las ventas domiciliarias, adquiere fundamental relevancia luego de que se consideran incluidas en esta modalidad a las contrataciones electrónicas. Por tanto, a los que celebren operaciones por medios electrónicos, se les otorga el plazo de diez días para optar por manifestar su arrepentimiento respecto de la operación.

El derecho de revocación que asiste ahora a los consumidores en operaciones electrónicas acarrea, además de grandes problemas operativos que desnaturalizan o dificultan el sentido de las transacciones “on line”, otros reparos que deben tenerse en cuenta. A saber: el modo en que se debe informar esta facultad de revocación, el modo en que se recepcionan dichas comunicaciones, el modo en que se asumen los gastos, nunca en cabeza del consumidor, y algunas excepciones menores a la regla, como: productos confeccionados a pedido, productos tecnológicos que sean descargados, publicaciones de prensa y revistas diarias.

Operatividad del nuevo Código Civil y Comercial

El Código Civil y Comercial establece que las nuevas leyes no son aplicadas a los contratos en cursos de ejecución, salvo que se trate de normas más favorables al consumidor en las relaciones de consumo. Con lo cual, respecto a los contratos de consumo, la nueva normativa legal es aplicable, indudablemente, desde que entro en vigencia, es decir a partir del 1 de Agosto de 2015.

En conclusión,la categorización de los Contratos de Consumo refleja el gran avance en la materia llevado a cabo en nuestro país desde la sanción de la Ley de Defensa al Consumidor en 1993, sus reformas principales en 2008 y en 2014. Ello, además del desarrollo legislativo en la mayoría de las provincias argentinas.

Visto en un péndulo, los derechos de los consumidores han ido desde la desprotección total hacia una tutela razonable y esperada, que es donde nos encontramos ahora. Sin embargo, deberá prestarse atención a que el avance sobre el péndulo no sobrepase el equilibrio perseguido en las relaciones de consumo para llegar a una situación de arbitrariedad por la sobreprotección de los consumidores,respecto de los proveedores de bienes y servicios, o por el trato no equitativo aún entre los consumidores, como podría constituirlo el caso del consumidor por una contratación electrónica vs. el de cualquier otro que lo hace a través de una compra presencial.

Vale concluir que el nuevo Código Civil y Comercial ha incorporado algunos de los principios por los cuales cada vez más, los derechos del consumidor serán ejercidos por estos, tanto en sede judicial como administrativa: 1) Principio “in dubio pro consumidor” y 2) Carga dinámica de la prueba. Ello, sumado a los vigentes en sede administrativa, 3) Gratuidad para reclamar, y 4) Patrocinio letrado no exigido. Por lo que habrá que brindar una especial atención a la materia para evitar contingencias innecesarias, adecuando los procesos y las contrataciones con consumidores.

Ricardo G. A. Zimerman

Redacción SANTA FE

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