La Justicia investiga ahora a toda la familia de la Presidenta

NACIONALES 28/11/2014
Bonadío pidió las declaraciones juradas de Cristina, de sus hijos Máximo y Florencia y del extinto Néstor Kirchner. Y el Gobierno denunció al juez.

La pelea entre el juez federal Claudio Bonadío y el Gobierno continuó ayer en una escalada en la que el magistrado pidió a la AFIP las declaraciones juradas de la presidenta Cristina Fernández, de su antecesor y difunto marido, Néstor Kirchner; de sus hijos Máximo y Florencia y del empresario Lázaro Báez, mientras el Gobierno lo denunció por mal desempeño.

Efectivos de la Policía Metropolitana fueron comisionados por Bonadío para presentarse ante la Administración Federal de Ingresos Públicos para recabar esa información, en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la empresa Hotesur S.A., que administra el hotel Alto Calafate, perteneciente a la jefa de Estado, informaron fuentes judiciales.

En el caso del ex presidente Kirchner se trata de sus declaraciones juradas entre los años 2008 y 2010, cuando falleció.

Desde la AFIP su titular, Ricardo Echegaray, aseguró que “toda la información que piden siempre se ha entregado a los juzgados” y tras evitar pronunciarse sobre si la empresa Hotesur mantenía alguna deuda con ese organismo, reiteró “que al juzgado le informamos todo”.

La medida ordenada por Bonadío tiene que ver con las declaraciones de impuestos a los Bienes Personales y a las Ganancias e involucra también a Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista; a integrantes de la sociedad Hotesur, entre ellos Romina Mercado (hija de la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, hermana del extinto mandatario) y directivos de Valle Mitre, una firma también vinculada con Lázaro Báez.

Si bien la denuncia que formuló la diputada opositora Margarita Stolbizer (GEN) no tenía relación con Lázaro Báez sino con irregularidades registrales y contables de Hotesur, el juez dispuso ampliar la investigación y llevarla hasta el vínculo entre la familia presidencial y el empresario santacruceño.

Ataque oficial

Mientras se cumplía la orden de Bonadío, en el Consejo de la Magistratura el representante del Poder Ejecutivo, el viceministro de Justicia, Julián Álvarez, presentó una denuncia contra el juez por presunto mal desempeño de sus funciones y pidió su juicio político.

Álvarez acusó a Bonadío de “extorsionar” al Consejo porque en cinco oportunidades en las que el órgano tomó decisiones sobre él, adoptó medidas en causas contra distintos funcionarios públicos, entre ellos el vicepresidente Amado Boudou, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex ministro de Justicia, Horacio Rosatti, además de la Presidenta de la Nación.

“Claudio Bonadío es un extorsionador, un pistolero, que está utilizando las causas judiciales como la (pistola) Glock que tiene en su casa”, sostuvo el número dos del Ministerio de Justicia de la Nación al hablar antes los periodistas en el Consejo, repitiendo frases que ya había manifestado días pasados.

Apunten contra el juez

“Todo el mundo sabe que Bonadío es un juez de la servilleta de (el ex ministro menemista de Interior Carlos) Corach, un pistolero. No tiene antecedentes para ser juez de la Nación”, disparó.

Recordó que el magistrado en su momento debió apartarse de una de las causas que llevaba -sobre el atentado terrorista a la mutual judía AMIA-, porque “no quiso llamar a declaración indagatoria a Corach” ya que, sostuvo, “responde a él”.

La semana pasada Bonadío allanó un departamento en la calle Lavalle al 900 de esta capital donde, según los registros, funcionó la sede fiscal de Hotesur. Pero el lugar estaba vacío y ninguna documentación de relevancia obtuvo en ese procedimiento.

Por esa decisión, el juez fue cuestionado por el kirchnerismo y el activista Luis D'Elía pidió que “simbólicamente” se ponga “su cabeza en una pica” frente a los tribunales federales.

Esta semana la presidenta Cristina Fernández reveló en su cuenta de Twitter que Bonadío tiene el 20 por ciento de una empresa que, como Hotesur, tampoco presentó sus últimos balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

Entonces el senador del Frente para la Victoria, Marcelo Fuentes, denunció a Bonadío por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

La denuncia fue sorteada ayer y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini. 

Respaldo opositor al juez Bonadío

Referentes de la oposición respaldaron ayer al juez federal Claudio Bonadío y advirtieron que la denuncia del secretario de Justicia, Julián Álvarez, contra ese magistrado, busca “obstruir el funcionamiento” del Poder Judicial.
El diputado nacional por el Frente Renovador, Adrián Pérez, pidió “respaldar la investigación” de Bonadío, al igual que el jefe de bloque de Diputados de Unión Pro, Federico Pinedo, quien advirtió que “el gobierno debería colaborar”. Mientras, el presidente del GEN bonaerense, Gerardo Milman, indicó que Álvarez “debería ser apartado de su cargo” por “ejercer presión” sobre un juez. 

“El problema no es Julián Álvarez. El problema en realidad es un gobierno que obstruye con este accionar el funcionamiento de la Justicia”, indicó Pérez. El diputado  agregó que “lo importante es analizar que una empresa, que es la de Lázaro Báez, y que fue la principal adjudicataria de la obra pública del kirchnerismo, mantenía un alquiler con el hotel de la familia Kirchner por habitaciones vacías”.

Pinedo coincidió en señalar que “está bien que Bonadío investigue todo lo que pueda estar mal” y reclamó a la Casa Rosada que “en lugar de acusar” al magistrado “debería colaborar”.

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