En seis meses regirá la ley de Muerte digna en Córdoba

NACIONALES 27/11/2014
Se aprobó la ley Provincial 10058

En un plazo máximo de seis meses entrará en plena vigencia la ley provincial de Declaración de Voluntad Anticipada N° 10.058, o de muerte digna, como habitualmente se la designa. Así lo dispone la reglamentación de la norma, aprobada por el Poder Ejecutivo provincial el 14 de este mes a través del decreto N° 1.276, y presentada ayer a la Comisión de Salud Humana de la Unicameral por el ministro de Salud de la Provincia, Francisco Fortuna. La ley, a su vez, fue sancionada por la Legislatura provincial en mayo de 2012 y el plazo para su reglamentación era de 90 días, por lo cual ya estaba largamente vencido. “El período de seis meses para que comience a regir está previsto para poder llevar adelante las cuestiones organizativas, y también para dar difusión a la ley a distintos niveles, lo que incluye los establecimientos de salud, los medios y la población general”, señaló Fortuna a La Voz del Interior. El anteproyecto –que no sufrió modificaciones por parte de la cartera sanitaria ni del Ejecutivo provincial– fue elaborado por una comisión consultiva interdisciplinaria que estuvo presidida por Armando Andruet, exmiembro del Tribunal Superior de Justicia, e integrado por abogados, escribanos, religiosos y médicos. La nueva normativa regula en forma concreta el derecho a decidir en forma anticipada su voluntad en relación con la negativa de someterse a medios, tratamientos o procedimientos médicos de encarnizamiento terapéutico. Y, según precisó Fortuna, regirá para todos los establecimientos de salud públicos y privados bajo la jurisdicción de la Provincia. No al retiro del soporte vital El objetivo de la reglamentación es que los equipos médicos se abstengan de someter a las personas que lo soliciten a medidas desproporcionadas que prolongan la agonía en forma artificial. Pero deja expresamente afuera la eutanasia, entendida como la acción médica de provocar la muerte del paciente. De la misma manera, y en consonancia con lo dispuesto por la ley provincial, indica que no se puede pedir que se suspendan las medidas mínimas de apoyo (hidratación, higiene, nutrición, oxigenación y curaciones, según la ley 10.058). Este punto –que generó polémica en el seno de la comisión que elaboró el anteproyecto– difiere de la ley nacional de muerte digna N° 26.742, que admite la suspensión de hidratación y nutrición en pacientes en estados terminales irreversibles. No obstante, quizás como la mayor novedad, la reglamentación incluye la creación de un comité ad hoc, que intervendrá en cuestiones de duda o en casos “grises”. “Va a tener siete miembros, y funcionará sólo en esas situaciones, para colaborar en la resolución de eventuales controversias”, explicó Fortuna, quien consideró que contribuirá a hacer operativa la ley y evitar la judicialización. No obstante, el funcionario aclaró que los dictámenes del comité no serán vinculantes. Facilitar la declaración La reglamentación dispone, además, la creación del Registro Único de Voluntades Anticipadas, donde deben inscribirse y custodiarse las declaraciones de voluntad anticipada (DVA). Prevé que las DVA deben incluirse en la historia clínica, pero aclara que esa falta no tiene consecuencias. También precisa que si bien existirá un formulario, la DVA puede ser realizada “de cualquier forma sin que exista ninguna solemnidad o formalidad que pueda afectar su validez”. Puntualiza en tal sentido que puede ser manuscrita, por medios mecánicos o incluso escrita por un tercero. Resuelve, además, que los centros de salud deben respetar la DVA, y que en el caso de que algún profesional manifieste una objeción de conciencia, los establecimientos deberán proveer otros profesionales en su reemplazo. Lo que dice la norma Objetivo. Establecer, regular y garantizar el derecho de las personas con capacidad de obrar a decidir en forma anticipada su voluntad sobre la negativa a someterse a tratamientos o procedimientos médicos de encarnizamiento terapéutico que pretenden prolongar de manera indigna su vida. Limitación. No se permite bajo ninguna circunstancia la realización de conductas que tengan como consecuencia el acortamiento intencional de la vida, la eutanasia o la provocación de la muerte por piedad. Medidas mínimas. El ejercicio de los derechos contenidos en la ley no afecta las medidas mínimas ordinarias que serán provistas para asegurar la dignidad del enfermo (hidratación, higiene, oxigenación, nutrición, curaciones). Voluntad anticipada. Los mayores de edad y en goce de sus facultades mentales pueden expresar, mediante una Declaración de Voluntad Anticipada, las instrucciones para ser sometidos o no a determinados tratamientos médicos, mientras estén en estado terminal o estado vegetativo persistente. Derecho a cambiar. La voluntad de la persona prevalece por sobre las instrucciones contenidas en una Declaración de Voluntad Anticipada (DVA). Formulario. Incluye un modelo de DVA, que debe estar disponible a los ciudadanos en la web del Ministerio de Salud y en los hospitales provinciales.

Redacción

Daniel MAKENA. Jefe de Redacción

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